El 16 de abril en Zaragoza, el Grupo Parlamentario de VOX ha dado un paso importante al presentar una Proposición de Ley que busca reformar la Ley de Hacienda de Aragón. Esta iniciativa tiene como fin que los presupuestos de la Comunidad Autónoma incluyan, de manera obligatoria, un informe detallado sobre el plan de desarrollo de infraestructuras educativas.

La propuesta contempla la creación de un nuevo artículo que modificaría las normas para la elaboración de los presupuestos generales en Aragón. A partir de esta modificación, sería imperativo incluir un informe sobre un plan de infraestructuras educativas que abarque un período mínimo de tres años.

Dicho plan debería detallar no solo la creación de nuevos centros educativos, sino también la ampliación y remodelación de aquellos que ya existen. Además, se contemplará la rehabilitación y la creación de cocinas en los centros, un tema que ha suscitado un considerable debate en el Parlamento, según explicó el parlamentario de VOX, Fermín Cíviac.

En la exposición de motivos de esta Proposición, VOX argumenta que la educación es uno de los cimientos necesarios para el desarrollo y la evolución de cualquier sociedad. En este sentido, en Aragón se hace especialmente crucial garantizar que las infraestructuras educativas sean adecuadas para poder mantener un sistema educativo de calidad y asegurar el bienestar tanto de estudiantes como de docentes, promoviendo la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

No obstante, la falta de una planificación "clara, transparente y plurianual" ha llevado en ocasiones a una gestión deficiente de los recursos públicos y a una priorización inadecuada de las inversiones, sin responder a las verdaderas necesidades del territorio.

La propuesta de VOX se basa en tres principios clave para la gestión de recursos públicos: la transparencia, la racionalización del gasto y la priorización de las inversiones. En este sentido, la inclusión de un plan plurianual ofrecerá a los ciudadanos y a sus representantes la oportunidad de acceder a información detallada sobre las acciones previstas, sus plazos de ejecución y los recursos que se les asignarán.

Esto contribuirá a fortalecer la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones. La transparencia es un derecho de todos los aragoneses y una herramienta fundamental para legitimar las decisiones en el ámbito educativo.

Asimismo, la elaboración de un plan a largo plazo permitirá una mejor racionalización del gasto público, evitando improvisaciones y favoreciendo una asignación más efectiva de recursos. Esto es particularmente relevante en un contexto de restricciones económicas, donde cada euro debe ser utilizado con eficacia y sentido de sostenibilidad.

Finalmente, la iniciativa pone de manifiesto la importancia de priorizar las inversiones basándose en las verdaderas necesidades del sistema educativo aragonés. Se buscará identificar las áreas con mayores carencias y responder a las necesidades emergentes, garantizando que las acciones emprendidas se alineen con los objetivos estratégicos de la región.

Solo a través de una rigurosa priorización se podrá avanzar hacia un modelo educativo que sea moderno, accesible y capaz de afrontar los desafíos actuales.

En resumen, para VOX, la modificación del artículo 33 de la Ley de Hacienda de Aragón representa un avance en la gestión pública y reafirma su compromiso con la defensa de los intereses de la ciudadanía y la promoción de una educación de calidad.