En un reciente evento en Zaragoza, Pablo Fernández, secretario de Organización estatal de Podemos, expresó su profunda preocupación por la creciente militarización del gobierno de Pedro Sánchez, al que se refirió como "el Gobierno de la guerra". Según Fernández, el auténtico problema no es la anulación de un millonario contrato con una empresa israelí para la compra de municiones, sino la tendencia del Ejecutivo a priorizar la inversión militar por encima de otras necesidades sociales.

El comentario de Fernández se dio durante la reinauguración de la antigua sede de su partido en la capital aragonesa, donde estuvo acompañado de Juantxo Uralde, representante de Alianza Verde, así como de miembros del Consejo Coordinador Estatal de Podemos, incluido María Goikoetxea, exdirectora del Instituto Aragonés de la Mujer.

El líder de Podemos destacó la histórica inversión de 10.500 millones de euros anunciada por Sánchez, que constituye el mayor aumento del gasto militar en la historia de España y advirtió sobre las implicaciones que esto tiene para el estado del bienestar. Fernández criticó que la decisión del gobierno de incrementar el gasto en defensa sea "estructural" y consideró que provocará recortes en sectores fundamentales como vivienda y salud.

Fernández expresó su indignación al denunciar que España está sometida a los intereses de la OTAN y de líderes como Donald Trump, lo que, según él, pone en peligro los logros del estado del bienestar. En cuanto al papel de Sumar en este contexto, el dirigente de Podemos se abstuvo de juzgar las decisiones de otros partidos, pero reafirmó que su formación nunca se uniría a un "gobierno de la guerra".

Recordando la controversia que surgió cuando Ione Belarra, líder de Podemos, se refirió a Sánchez como "señor de la guerra", Fernández enfatizó que una de las razones para no formar parte del gobierno actual es su firme oposición a enviar armas a Ucrania, instando en cambio a buscar soluciones diplomáticas en el conflicto.

Fernández hizo un llamado a la ciudadanía para que se movilice y rechace las políticas bélicas del gobierno, argumentando que es esencial transformar el actual rumbo hacia una sociedad basada en la paz y los derechos. Según él, tanto la población aragonesa como la española quieren ver sus recursos invertidos en salud pública, educación y acceso a la vivienda, y no en armamento.

El político destacó que Aragón fue pionera en promover una ley de paz que está siendo ignorada por el gobierno regional, que ahora convierte a la comunidad en un centro de producción militar. Fernández se mostró convencido de que una mayoría social se levantará en contra de esta tendencia militarista, que él asocia con la influencia de Trump y una agenda belicista.

Finalmente, Fernández hizo un llamado a recordar el movimiento de hace 15 años que se oponía a la guerra y exhortó a la ciudadanía a reunirse nuevamente en las calles para abogar por una España pacífica y centrada en los derechos humanos.