Un total de 26 emergencias de protección civil han sido reportadas entre el 25 de marzo y el 22 de junio, lo que ha llevado al Consejo de Ministros a declarar zonas gravemente afectadas en nueve comunidades autónomas de España.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, comunicó que esta declaración abarca áreas de Aragón, Baleares, Castilla y León, Canarias, La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Durante el mencionado periodo, el Centro Nacional de Emergencias (CENEM) del Ministerio del Interior recibió reportes de varios incidentes, incluyendo el transporte de mercancías peligrosas, fenómenos meteorológicos extremos, inundaciones, y varios incendios, tanto en entornos industriales como forestales, además de casos de contaminación marítima.

Las emergencias, que ocurrieron en diversas fechas, incluyen situaciones como los fuertes vientos en Menorca y fenómenos costeros en Mallorca entre el 28 y el 31 de marzo, así como accidentes relacionados con el transporte de mercancías en Castilla y León. A lo largo de abril, Lanzarote se vio afectada por lluvias que causaron inundaciones en zonas bajas.

Ya en abril, se registraron filtraciones graves en la Presa de Rialb en Lérida, lo que obligó a sellar la instalación para evitar su colapso. Mayo trajo consigo una serie de incidentes, incluyendo un incendio en una planta química en La Rioja y severas tormentas con granizo en Mallorca.

Entre el 13 y el 15 de mayo, La Coruña sufrió dos emergencias de contaminación marítima a causa de un vertido en el puerto de Muros, seguido de un hundimiento de un barco pesquero al día siguiente. En la misma semana, se reportó un incendio en la planta PAINSUR, en Sevilla, y peligrosos incendios en la zona forestal de Mallorca.

Los primeros días de junio también fueron desafiantes, con varias comunidades enfrentando incendios forestales y lluvias torrenciales que dejaron daños significativos en Castilla-La Mancha y Valladolid, entre otros lugares. El 22 de junio, se informó de otro incendio forestal en Huelva, aumentando la preocupación por la situación en diferentes regiones del país.

Dado el impacto de estos eventos, se han ocasionado daños tanto en la vida humana como en infraestructuras y bienes de propiedad pública y privada, lo que ha llevado a la intervención del Gobierno bajo el principio de solidaridad interterritorial, apoyando las acciones de las administraciones locales.

El acuerdo del Consejo de Ministros incluye ayudas directas del Ministerio del Interior para mitigar los daños sufridos por las víctimas y a las comunidades afectadas, con un enfoque en la reparación de viviendas e infraestructuras. También se prevén exenciones de tasas para gestionar los trámites necesarios, como duplicados de permisos de circulación y bajas de vehículos dañados.

Además, se contemplan beneficios fiscales, medidas laborales y ayudas a las corporaciones locales, a través de diversas carteras ministeriales, asegurando una respuesta integral a las consecuencias de estas emergencias en las comunidades afectadas.

Otros departamentos gubernamentales podrán declarar zonas de actuación especial y agilizar los trabajos para remediar los daños en infraestructuras públicas afectadas, buscando una pronta recuperación para las localidades y sus habitantes ante esta difícil situación.