En un importante despliegue de fuerzas, la Guardia Civil ha desmantelado una sofisticada red de estafadores en Zaragoza, gracias a la operación conocida como "Ochocientos setenta". Este operativo se tradujo en la detención de seis individuos, quienes enfrentan serias acusaciones que incluyen estafa agravada, pertenencia a una organización criminal y blanqueo de capitales. Adicionalmente, cinco personas más han sido señaladas como cooperadoras necesarias en las actividades delictivas, dejando un panorama desalentador con 53 víctimas y un total de más de 100.000 euros estafados.

La gestación de esta investigación se remonta a mayo de 2024, cuando la Guardia Civil se percató de una creciente serie de estafas mediante el método conocido como 'phishing', específicamente orientadas a los clientes de una entidad bancaria. Esta alerta inicial encendió las alarmas y llevó a un análisis en profundidad de las denuncias recibidas, revelando la existencia de una organización criminal extremadamente bien estructurada y jerárquica, con roles y tareas claramente definidos entre sus miembros, todos ellos orquestando estafas mediante nuevas tecnologías desde su base en Zaragoza.

Una vez recopiladas las pruebas y las identidades de los implicados, la Guardia Civil realizó, en diciembre de 2024, un operativo que incluyó cuatro registros en los domicilios de los líderes de la organización. De estos registros, tres se llevaron a cabo en Zaragoza capital y uno más en el barrio de La Cartuja Baja, donde se incautaron numerosos dispositivos electrónicos utilizados para perpetrar las estafas, así como teléfonos móviles de alta gama listos para la venta. En un giro inquietante, también se hallaron sustancias ilícitas destinadas a ser introducidas en centros penitenciarios, armas de fuego sin autorización y bienes que presumiblemente habían sido adquiridos con el dinero proveniente de las estafas.

El resultado de esta operación fue la detención de seis individuos, a quienes se les imputaron diversos delitos relacionados con fraudes y organización criminal. Además, uno de los arrestados enfrentó cargos adicionales por un delito contra la salud pública debido al tráfico de drogas. Las investigaciones continuaron y otras cinco personas fueron identificadas como cómplices en este entramado delictivo.

Después de pasar a disposición judicial, se ordenó el ingreso de cuatro de los detenidos en el Centro Penitenciario de Zuera, una medida que subraya la gravedad de los cargos contra ellos. Durante el transcurso de la operación, se logró identificar a un total de 53 víctimas, 51 de las cuales residían en la provincia de Zaragoza y otras dos en Huesca, consolidando así el impacto negativo de esta red criminal.

El modus operandi de esta organización consistía en enviar mensajes SMS a los clientes haciéndose pasar por su entidad bancaria, comunicándoles que tenían un cargo de 870 euros pendiente de abono. Para "anular" dicho cargo, los incautos eran dirigidos a una página web falsa, donde introducían sus datos de acceso a la banca online. Esta táctica permitía a los estafadores apoderarse de información sensible sin que las víctimas lo sospecharan.

Una vez que la víctima accedía a la web fraudulenta, el ciberdelincuente mantenía contacto telefónico haciéndose pasar por un empleado real del banco, utilizando un número suplantado para ganar la confianza del cliente. Durante la llamada, el estafador podía visualizar las transacciones bancarias de la víctima, convenciendo a esta de que debía seguir instrucciones para cancelar el cargo de 870 euros. Así, las víctimas recibían un nuevo SMS con un código de verificación que les otorgaba un acceso indebido a sus cuentas.

Con este acceso, el estafador actuaba rápidamente, realizando transacciones para obtener beneficio económico, desde compras de productos tecnológicos hasta la extracción de dinero en cajeros automáticos, donde aguardaba un cómplice. La operación no solo afectó económicamente a las víctimas, sino que también evidenció la vulnerabilidad del sistema ante tales ataques cibernéticos.

La intervención ha sido llevada a cabo por el Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo@ de la Guardia Civil de Zaragoza, con la valiosa colaboración de las Unidades de Seguridad Ciudadana de Zaragoza, Huesca y Teruel, en un esfuerzo conjunto para combatir la creciente ola de ciberdelincuencia que afecta a la ciudadanía.