En un operativo llevado a cabo en Zaragoza y Huesca, las autoridades han detenido a un total de 13 individuos involucrados en una red criminal internacional dedicada al tráfico de migrantes y a la falsificación de documentos. Esta acción policial se desarrolló el 27 de diciembre y comprendió la detención de once personas en Zaragoza y dos en Huesca, además de realizar varios registros en domicilios y construcciones en la zona.

Los migrantes, provenientes de Pakistán, eran captados con la promesa de empleo en España a cambio de sumas que oscilarían entre 13.000 y 15.000 euros. Esta cantidad incluía, según prometían los tratantes, los costos de los viajes en avión, los visados y la oferta laboral. Sin embargo, la realidad era muy diferente, ya que los migrantes se veían atrapados en un entramado que exigía sumas elevadas por regularizar su situación, creándoles una deuda que, en muchos casos, se tornaba impagable.

La investigación, que comenzó en 2023, se inició tras recibir informes sobre una red transnacional que facilitaba la llegada de migrantes pakistaníes a Europa. Este grupo operaba en varios países, incluyendo Pakistán, Libia, Italia y España, y tenía métodos de traslado bien organizados. Los migrantes eran llevados desde Pakistán a Libia a través de Qatar, y posteriormente cruzaban el Mediterráneo en embarcaciones pequeñas hacia Italia, para luego ser introducidos en territorio español mediante diversos movimientos internos.

Una vez en España, los migrantes eran recibidos por miembros de la organización, quienes los alojaban en pisos de seguridad en Zaragoza. Sin los permisos de residencia y trabajo necesarios, estos individuos eran empleados en una empresa de construcción propiedad de la misma red, en condiciones laborales precarias. Al iniciar su trabajo, se les exigía el pago de grandes sumas para la regularización de su estatus, lo que generaba un ciclo de deuda a partir del cual nunca lograban escapar.

Los migrantes laboraban sin contrato, recibiendo remuneraciones de entre 15 y 35 euros diarios. Parte de sus salarios se deducía para saldar la supuesta deuda contraída con la organización, además de tener que pagar su propio alojamiento, lo que anteponía sus derechos laborales a las ganancias de los captores, quienes se beneficiaban enormemente de esta explotación.

A lo largo de la investigación, las fuerzas policiales implementaron diversas medidas de vigilancia y seguimiento que permitieron evidenciar el funcionamiento de la red. Las inspecciones en obra y las técnicas de investigación revelaron que los miembros de la organización actuaban como choferes para trasladar a los migrantes a las diferentes obras, siendo plenamente conscientes de su situación irregular.

En consecuencia de las inspecciones realizadas, varios migrantes dieron testimonio de haber sido atraídos desde Pakistán con la falsa promesa de empleo en España. La cantidad que pagaron, que decía incluir todos los gastos necesarios, no se correspondía con la realidad que vivieron durante su traslado y posterior llegada.

Como resultado de esta operación, se llevaron a cabo dos entradas y registros de forma simultánea, una en Zaragoza y otra en La Almunia de Doña Godina. Esto llevó a la detención de diez personas, de las cuales ocho fueron arrestadas en Zaragoza y dos en Huesca. En el mismo día, se realizarían dos inspecciones en obras situadas en la provincia de Huesca y en Cuarte de Huerva (Zaragoza), donde se identificaron a varios trabajadores de origen pakistaní que se encontraban irregulares, e incluso portaban permisos de residencia que pertenecían a otros compatriotas en situación legal.

Como consecuencia de estas acciones, las autoridades realizaron gestiones adicionales para localizar a los titulares de aquellos permisos de residencia, resultando en la detención de tres personas más en Zaragoza por delitos de falsedad documental. Además, durante los registros se incautaron 16.200 euros en efectivo y otros objetos relacionados con estos delitos, lo que subraya la magnitud y complejidad de esta red ilegal que ha sido desmantelada.