El pasado 23 de septiembre en Zaragoza, el diputado de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, expresó su fuerte oposición al indulto otorgado por el Consejo de Ministros a dos de los integrantes de 'Los 6 de Zaragoza', calificando esta decisión como “una vergüenza” que, según él, infringe la autoridad del poder judicial.
El Consejo de Ministros, liderado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aprobó este indulto que beneficia a Francisco Javier Aijón, conocido como 'Javitxu', y a Adrián Latorre. Ambos habían sido condenados por desórdenes públicos, atentado contra la autoridad y lesiones a agentes de policía en relación a los hechos violentos que siguieron a una protesta contra un mitin de Vox en Zaragoza, realizado el 17 de enero de 2019.
Frente a la Delegación del Gobierno en Aragón, Arranz descalificó al grupo, llamándolos “delincuentes” y haciendo hincapié en que fueron objeto de tres condenas firmes a través de diversas instancias judiciales, incluyendo la Audiencia Provincial de Zaragoza y el Tribunal Supremo.
El diputado argumentó que el indulto responde a razones "políticas e ideológicas", sugiriendo que el hecho de indultar a los condenados normaliza la violencia y plantea un riesgo para los miembros de Vox al insinuar que las agresiones pueden ser impunes si están dirigidas contra ellos. Arranz enfatizó que 'Los 6 de Zaragoza' cometieron delitos graves y subrayó la peligrosidad de este precedente.
Arranz también critico al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de adoptar una postura contra jueces y cuerpos de seguridad, argumentando que esta administración ha indultado a otros individuos que han cometido hechos violentos en el pasado. Además, se refirió a estas acciones como un reflejo de un Gobierno que, en su opinión, fomenta el odio y la división, priorizando intereses políticos sobre consideraciones jurídicas.
En sus declaraciones, Arranz describió el indulto como una maniobra arbitraria y una posible distracción de las polémicas y acusaciones de corrupción que enfrentan miembros del mismo Gobierno. Cuestionó si esta decisión era parte de una estrategia para atraer a sectores más a la izquierda del PSOE, sugiriendo que la acción era más una decisión política que en pro de la justicia.
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