En medio de un clima de tensión sobre la gestión de menores migrantes, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha denunciado la situación crítica en la que se encuentran los centros de acogida de la región. Durante una conferencia de prensa, Bermúdez de Castro afirmó que estos centros están "saturados, muy por encima de su nivel de ocupación", lo cual genera preocupación sobre la capacidad real de atención a los menores.

Este pronunciamiento se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitiera a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno de Aragón, en respuesta a un requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia que exigía datos sobre la ocupación de los centros. El consejero calificó esta decisión como "positiva" y afirmó que esto fortalecerá los argumentos del Ejecutivo autonómico en la materia.

Aprovechando la misma rueda de prensa para abordar otros temas relacionados con la financiación autonómica, Bermúdez de Castro no se contuvo al criticar la influencia de partidos como Junts en la política de migración del país. "Es inaceptable que un partido determine cómo se deben repartir los menores en el Estado solo para mantener a flote a un presidente del Gobierno", subrayó, resaltando la falta de solidaridad en la gestión de la crisis migratoria.

El reciente requerimiento del Ministerio se inicia con un Real Decreto Ley del Gobierno central, ante el cual el Gobierno de Aragón también ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Este movimiento busca no solo impugnar el requerimiento, sino también solicitar la suspensión cautelar de la demanda de información sobre el estado de los menores en la comunidad.

Después de presentar este recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha comenzado a evaluar la solicitud, abriendo un proceso para considerar la suspensión del requerimiento estatal. Los próximos días serán cruciales, ya que el Ministerio tendrá diez días hábiles para presentar sus alegaciones, tras los cuales se tomará una decisión sobre el tema.

El conflicto se complica aún más por el desencuentro entre las afirmaciones del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, sobre la capacidad de acogida de la región y la realidad que plantea el consejero. Beltrán estimó que la comunidad tiene alrededor de 400 plazas en sus centros, aunque la ocupación actual es de 197. Sin embargo, la administración de Aragón se ha mostrado reticente a aportar estos datos al Gobierno central, sumando tensión al diálogo sobre el manejo de la situación.

Bermúdez de Castro contestó a Beltrán, sugiriendo que el delegado debería empatizar con la difícil realidad y el coste que supone gestionar estos centros en lugar de simplemente realizar declaraciones espectaculares. "Es fácil hacer afirmaciones cuando uno está en un despacho alejado de la realidad", concluyó el consejero, enfatizando la necesidad de una mayor transparencia y colaboración en esta complicada cuestión humanitaria.