En Zaragoza, el 16 de mayo, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, ha expresado su expectativa de que el proceso de renovación del Comité de Agricultura Ecológica de Aragón finalice el próximo 5 de junio. Esta anticipación sigue a la anulación de las elecciones programadas para octubre de 2023, lo que llevó a la creación de una junta gestora para manejar la situación.

Durante una sesión del Pleno en las Cortes de Aragón, Rincón respondía a una interpelación del diputado de Izquierda Unida (IU), Álvaro Sanz. En su intervención, el consejero destacó que la junta gestora incluye representantes tanto del Gobierno como de las dos candidaturas involucradas. A pesar de los esfuerzos por alcanzar un consenso, lamentó que no se haya logrado una solución satisfactoria hasta el momento.

El 1 de abril se publicó oficialmente la convocatoria para las nuevas elecciones, que tendrán lugar el 5 de junio. Esta información ha sido divulgada a través del Boletín Oficial de Aragón (BOA) y se ha comunicado a las organizaciones de productores ecológicos. Rincón se ha mostrado optimista, confiando en un desenlace positivo del proceso.

El consejero hizo hincapié en que no era viable esperar una resolución judicial, que podría prolongarse durante años. Ante esta realidad, defendió la elección de la junta gestora como la "menos mala" en un contexto complicado.

Álvaro Sanz demandó aclaraciones respecto a la "delicada situación" del Comité, resultante de la decisión del Gobierno de invalidar las elecciones, a lo que añadió con ironía su descontento con la "maravillosa gestión" del anterior consejero, Ángel Samper.

El diputado de IU criticó que Samper, al haber perdido las elecciones, se encontraba en una posición de conflicto de intereses al haber apoyado a los candidatos derrotados, sugiriendo que debería haberse inhibido del proceso. Asimismo, reprochó al consejero de Medio Ambiente, Manuel Blasco, por haber anulado el proceso democrático al convocar nuevas elecciones en un plazo de seis meses.

Sanz lamentó que ya han transcurrido 14 meses bajo la dirección de la junta gestora, señalando que la "cuestión crítica" es el modelo de certificación de productos ecológicos. Comentó que la propuesta de los ganadores era una certificación pública, mientras que la de los perdedores apuntaba hacia un modelo privado que podría desafiar la integridad del sector ecológico, una problemática que ha sido objeto de disputas legales sin resolución por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) hasta la fecha.