ZARAGOZA, 31 de enero. En un ferviente llamado a la acción, Marcel Iglesias, portavoz del Partido Socialista y miembro de la Comisión de Agricultura, ha instado este viernes al consejero del área, Javier Rincón, a implementar medidas efectivas para salvaguardar la agricultura familiar. Esta solicitud surge en un contexto donde la presión de grandes empresas y fondos de inversión está provocando la compra masiva de tierras y granjas, lo que suscita preocupaciones sobre el futuro de los pequeños y medianos agricultores en Aragón. Iglesias no ha dudado en señalar al presidente autónomo, Jorge Azcón, acusándolo de facilitar la entrada de estos fondos en detrimento del tejido agrícola local.

En sus declaraciones, el diputado del PSOE ha enfatizado que "no se puede permitir que la DGA dé la bienvenida a los fondos de inversión mientras deja en una situación vulnerable a los agricultores y ganaderos de nuestra región". Destacó la urgente necesidad de adoptar medidas de apoyo que respalden a quienes trabajan la tierra y producen alimentos, advirtiendo que, de no actuar, se corre el riesgo de ver cómo estos profesionales son obviados, lo que llevaría a un abandono aún mayor del medio rural en Aragón.

Para abordar esta problemática, Iglesias ha propuesto la creación de una Comisión Especial de Estudio en las Cortes de Aragón, enfocada en “El futuro del sector primario en Aragón y las medidas para consolidar la agricultura y la ganadería profesional”. Esta iniciativa, respaldada por la principal organización agraria de la comunidad, busca establecer un marco de referencia que permita definir las acciones urgentes necesarias para fortalecer la base agrícola y ganadera de la región.

Sin embargo, Iglesias ha criticado la aparente inacción del Departamento de Agricultura, que según su opinión, ha estado funcionando “por inercia” y con una notable dejadez. Ha instado al Gobierno regional a abandonar esta apatía y a reaccionar ante la crisis que enfrenta el sector, especialmente tras la falta de progreso en la revisión de la Ley de Agricultura Familiar, que lleva 18 meses en discusión sin mostrar avances significativos ni medidas que incentiven a los profesionales del campo.

El diputado ha mostrado su preocupación por cómo las pequeñas y medianas explotaciones agrarias están operando en desventaja frente a los gigantes corporativos. A esto se suma la reciente llegada de fondos de carbono, lo que intensifica la competencia y agrava la situación de los productores locales. Iglesias ha resaltado que es imprescindible que el Gobierno de Aragón tome medidas inmediatas para abordar los retrasos en los pagos de ayudas, como las dirigidas a la incorporación de jóvenes o a la innovación tecnológica en la agricultura.

En su análisis, Iglesias también ha denunciado que la administración ha logrado procesar recientemente algunos pagos de ayudas del año 2022, las cuales deberían haberse resuelto en la primera mitad de 2023, reflejando un retraso que se traduce en problemas graves para los agrarios que intentan modernizar sus explotaciones. “En lugar de reconocer el impacto negativo de estos retrasos, el Gobierno se siente complacido y eso es inaceptable”, afirmó.

Los datos sobre la situación de los profesionales del sector no ofrecen un panorama esperanzador. Aunque se ha observado una mejora en la renta agrícola en algunas áreas de Aragón, la realidad es que se pierden anualmente alrededor de 200 agricultores y ganaderos, cifra que en 2025 podría incluso escalar a 344. Iglesias ha subrayado la urgencia de abordar el relevo generacional, un aspecto crítico para la sostenibilidad de las explotaciones familiares que históricamente han caracterizado a la comunidad.

Desde una perspectiva constructiva, ha propuesto iniciar un debate con otros grupos parlamentarios sobre la protección de la agricultura y ganadería aragonesa, así como el modelo de producción de alimentos. Además, ha sugerido la implementación de un conjunto de medidas que ya ha sido presentado en forma de iniciativa en las Cortes, buscando revitalizar el sector agrícola en la región.

Finalmente, Iglesias ha presentado una proposición no de ley que aboga por fomentar un entorno más atractivo para el sector agrícola. Esta incluye medidas para proteger el modelo de agricultura familiar y propiciar el “contrato relevo”, que complementaría las ayudas para la incorporación de jóvenes al campo. Su objetivo es claro: asegurar un futuro viable y próspero para la agricultura aragonesa y sus profesionales.