El pasado 9 de junio, en la ciudad de Zaragoza, la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, se prepara para presentar una moción en el pleno del Ayuntamiento que cuestiona de manera contundente la gestión del Gobierno español en materia de migración, específicamente la del presidente Pedro Sánchez. Orós exige que se reconozcan las responsabilidades que le corresponden al Ejecutivo y se establezca un modelo efectivo que resuelva el “caos” actual, garantizando un trato digno a inmigrantes y solicitantes de asilo, evitando situaciones de exclusión y pobreza.

En su propuesta, Orós también subraya la necesidad de que el Gobierno deje a un lado la improvisación y deje de depender de los municipios para encubrir los problemas que ha generado. En este contexto, demanda la creación de un fondo dedicado a proporcionar los recursos necesarios para garantizar la inclusión de quienes buscan refugio, incrementando además los apoyos destinados al retorno voluntario y a la acogida de estas personas.

La consejera también hace un llamado a establecer mecanismos de cooperación entre el Gobierno central y los ayuntamientos, apuntando que su reciente encuentro con el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, no generó un ambiente optimista y refleja la falta de compromiso real para abordar la crisis migratoria.

Orós presentó su análisis tras los resultados de la Conferencia de Presidentes, en la que el presidente Sánchez evitó tratar la crítica situación de la migración. En una rueda de prensa, enfatizó que la postura del Gobierno ha llevado a que muchos sean “echados a la calle”, alimentando ciclos de miseria y frustración mientras las ciudades se ven abrumadas por la falta de políticas migratorias efectivas.

La consejera calificó el enfoque actual del Gobierno como un "fracaso", destacando que los programas de ayuda humanitaria y protección internacional han resultado ineficaces. Resaltó que desde 2017, el número de inmigrantes en situación irregular ha aumentado en un 130%, lo que sugiere que las políticas implementadas han favorecido a grupos delictivos y han fallado en su objetivo de protección.

Señaló que sólo un pequeño porcentaje de los solicitantes de asilo logra acceder a protección, lo cual deja a la mayoría en una situación irregular y vulnerable, subrayando que muchas de estas personas terminan viviendo en la calle. “La inmigración debería ser vista como una oportunidad”, argumentó, “pero la ineptitud de la Administración central ha convertido esta cuestión en un problema para las ciudades”.

Orós también compartió datos inquietantes sobre el recuento de personas en situación de calle en Zaragoza y la población migrante que lucha por conseguir refugio. Explicó que el Ayuntamiento ha estado proporcionando apoyo a cerca de cien personas que, si bien tienen derecho a protección, dependen de los recursos municipales ante la falta de respuesta adecuada del Gobierno central.

Además, mencionó la situación crítica de jóvenes de Mali que se acercaron al Ayuntamiento preocupados por su inminente expulsión de programas de protección. En este contexto, advirtió sobre la saturación en el sistema de acogida y el desinterés del Gobierno central en abordar el problema de manera efectiva.

Orós extendió una invitación a la ministra portavoz del Gobierno y a otros funcionarios para que se sumen a un recorrido por la ciudad y presencien de primera mano la realidad de quienes necesitan ayuda, recordando que el deber de atender esta crisis migratoria no recae únicamente en los ayuntamientos.

“La dignidad de las personas no puede ser un mero eslogan”, insistió, y enfatizó que es responsabilidad del Gobierno gestionar adecuadamente esta crisis. Hizo un llamado claro: "Es necesario que el Gobierno asuma su rol y se involucre de manera efectiva en la atención a los migrantes y refugiados".

En términos de planificación, Orós anticipó que para finales de este año se abrirán nuevas instalaciones en el albergue municipal para mejorar la atención a personas en situación de emergencia. Estas incluirán More plazas para mujeres en riesgo de sinhogarismo y la implementación de nuevas viviendas para apoyar a jóvenes en dificultades.

Finalmente, la consejera concluyó su intervención subrayando que, aunque el Ayuntamiento de Zaragoza está comprometido con la atención a migrantes y refugiados, este esfuerzo no puede sustituir la responsabilidad que tiene el Gobierno español en esta materia, enfatizando que es crucial un cambio de enfoque y un compromiso genuino por parte del Ejecutivo para abordar esta problemática de forma sostenible y responsable.