ZARAGOZA, 21 de marzo. — El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha revelado en una rueda de prensa que su administración está considerando llevar ante la justicia el real decreto ley aprobado recientemente por el Consejo de Ministros. Esta normativa, que se deriva de un pacto con Junts, tiene como objetivo la reubicación de menores migrantes no acompañados. Otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Aragón y Castilla y León, ya han manifestado su intención de plantear recursos ante el Tribunal Constitucional.

Durante su intervención en Zaragoza, al lado del presidente aragonés, Jorge Azcón, Moreno subrayó la importancia de que los gobiernos cumplan con la ley y mantengan la institucionalidad, lo que, aseguró, es fundamental para ganarse el respeto de la ciudadanía. Ante la posibilidad de recibir a los menores migrantes que puedan llegar a Andalucía, enfatizó que el cumplimiento de la ley es una obligación ineludible.

El presidente andaluz comparó la actuación de su gobierno con la del Ejecutivo de Sánchez, acusándolo de carecer de la fortaleza necesaria para manejar la situación y de ceder ante presiones externas, en este caso del líder de Junts, Carles Puigdemont. Moreno se lamentó de lo que considera un "pisoteo" de la autonomía regional y una inadecuada gestión de una cuestión tan crítica como la migración.

Además, expresó su desacuerdo con el hecho de que una persona que se encuentra fuera del país, como Puigdemont, pueda determinar el número de migrantes que deben ser aceptados en comunidades autónomas como Andalucía o Aragón. Para Moreno, está situación no solo es irrazonable, sino que va en contra de la necesidad de construir políticas migratorias consensuadas con las regiones afectadas.

El presidente andaluz calificó la situación de "colosal disparate" en los ámbitos legal, social y político, argumentando que resulta inaceptable. Criticó la falta de autocrítica del Gobierno central, señalando que no parece apreciar la humanidad de los menores, a quienes se les trata de manera despersonalizada.

Moreno también rememoró un suceso anterior donde más de 600 migrantes adultos enviados a Andalucía resultaron, según la Fiscalía, ser menores, un hecho que obligó a su administración a asumir su atención sin previo aviso. En su opinión, esta experiencia evidencia la opacidad y la falta de lealtad institucional del Gobierno central en temas migratorios.