La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ejecutado cuatro arrestos relacionados con una serie de registros llevados a cabo este lunes, en el contexto de una investigación sobre hidrocarburos que involucra a Víctor de Aldama, señalado como el presunto mediador en el conocido 'caso Koldo'. Entre los detenidos se encuentra Carmen Pano, quien anteriormente afirmara haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE ubicada en la emblemática calle de Ferraz de Madrid, así como el empresario Luis Alberto Escolano, originario de Calatayud.

Fuentes cercanas a la investigación, en declaraciones a Europa Press, han confirmado la detención de Pano y resaltan que la misma se encuentra centrada exclusivamente en la indagatoria sobre hidrocarburos que conduce el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. De esta manera, aclaran que no guarda relación con la supuesta entrega de dinero en la sede del PSOE.

Además del arresto de Carmen Pano, su hija también fue detenida en el marco de diligencias policiales que han sido declaradas secretas. Estas diligencias están vinculadas a posibles delitos fiscales y de blanqueo de capitales, sumando otros dos detenidos, uno de los cuales es Luis Alberto Escolano, considerado socio de Aldama en la supuesta trama de hidrocarburos.

En el desarrollo de las investigaciones, la UCO ha llevado a cabo registros en varias localidades, incluyendo Madrid, Calatayud, Sevilla y Toledo, en el contexto de un caso que indaga la posible realización de un fraude por valor de 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos, contra el empresario Víctor de Aldama.

La Guardia Civil ha comunicado que los cuatro detenidos formarían parte de una "organización criminal" que presuntamente contaba con una compleja estructura societaria concebida para ejecutar el fraude fiscal. Según su declaración, estos individuos habrían diseñado dicha estructura con el propósito de maximizar los beneficios ilícitos y así asegurar la eficacia de sus operaciones fraudulentas.

La UCO también alegó que dicha organización contaba con una red paralela de empresas tanto en España como en otros países, todo con el fin de lavar el dinero obtenido mediante actividades delictivas. Este proceso es parte de unas medidas más amplias que se iniciaron el 7 de octubre de 2024, señaladas por la Guardia Civil en su comunicado.

El juez Pedraz, actualmente a cargo de la investigación, indicó que la organización criminal diseñó y estructuró una red empresarial paralela, la cual utilizaron para llevar a cabo el blanqueo de capitales ilícitos. El magistrado destacó que los fondos transferidos a cuentas bancarias pertenecientes a estas empresas provenían, en su mayoría, de cuentas de entidades suministradoras implicadas en la operación.

De acuerdo con las resoluciones judiciales, se han identificado transferencias al exterior que ascienden a 73.902.852,60 euros, dirigidas a países como Portugal, Colombia y China, ampliando la magnitud de las irregularidades detectadas en esta trama.

Cabe destacar que la UCO, en uno de sus informes, ha mencionado que Escolano habría sido utilizado por De Aldama como un medio para ocultar sus activos a través de la propiedad formal de diversas empresas tanto en el ámbito nacional como en el extranjero.

El juez Ismael Moreno, en sus observaciones dirigidas al Tribunal Supremo, también destacó que Escolano, quien es socio de De Aldama, tenía alquilada una vivienda en la Plaza España, lugar donde residió Jessica R., la excompañera del exministro José Luis Ábalos, sugiriendo conexiones de relevancia en la investigación.

Las acciones de la UCO, en línea con las órdenes emanadas de la Audiencia Nacional, coinciden con la comparecencia del empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, donde está siendo investigado en relación al 'caso Koldo'. Este caso se centra en las presuntas adjudicaciones irregulares que ocurrieron durante la pandemia para la adquisición de material sanitario.

En octubre pasado, el juez Pedraz había dictado prisión provisional para De Aldama y su socio Claudio Rivas, vinculándolos a un fraude fiscal que podría alcanzar los 182 millones de euros en el sector de los hidrocarburos. Aunque De Aldama recuperó su libertad tras su declaración en el 'caso Koldo', Rivas permanece en prisión.

El magistrado continúa indagando en esta causa, que se mantiene como secreta, investigando a De Aldama y Rivas como responsables de la organización criminal, así como a María Luisa Rivas en calidad de subdirectora, junto a otros colaboradores y testaferros en las estructuras de administración de las empresas suministradoras.