En una preocupante revelación, el secretario de Estado de Juventud e Infancia del Gobierno español, Rubén Pérez, ha dado a conocer que la pobreza infantil en el país se sitúa en un alarmante 28 por ciento durante el 2023, un nivel que él califica de “absolutamente insostenible”. Este contexto crítico se ve agravado por factores como la crisis de la vivienda y el aumento de la inflación. En la comunidad de Aragón, la situación es aún más preocupante, con la pobreza infantil alcanzando un récord histórico del 28,9 por ciento desde que se iniciaron los registros en 2015.

En declaraciones realizadas este viernes en Zaragoza, antes de participar en un encuentro con la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión en la sede de las Cortes de Aragón, Pérez destacó que, al comparar España con otros países de la Unión Europea y la OCDE, solo Reino Unido, Turquía y Colombia muestran niveles de pobreza infantil más bajos. Este dato evidencia la urgencia de la situación y la necesidad de implementar medidas efectivas para revertir esta tendencia.

El secretario de Estado advirtió que la cifra del 28 por ciento en pobreza y exclusión infantil en España “se está cronificando e incluso aumentando”. Esta alarmante realidad pone de manifiesto la necesidad de abordar el tema de manera integral, dentro del marco del Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil, que fue anunciado por la ministra Sira Rego en colaboración con entidades del tercer sector.

Pérez enfatizó que el papel de las organizaciones del tercer sector es crucial, ya que son las que realizan un mapeo de la realidad social y trabajan en los territorios, sugiriendo políticas que puedan resolver esta problemática. Además, mencionó la importancia de establecer consensos en protección y derechos de la infancia, independientemente de las diferencias políticas que puedan existir.

Con el objetivo de ofrecer un futuro más prometedor a la infancia y juventud, el Gobierno español se ha propuesto reducir significativamente las cifras de menores en situación de pobreza, buscando disminuir este número en 700.000 para el año 2030. Este ambicioso plan se acompaña de una serie de acciones que Pérez considera “más urgentes” para atacar de raíz el problema de la pobreza y exclusión infantil.

La vivienda, según Pérez, es un aspecto crítico a abordar, y para ello es imperativo reformular las políticas públicas en este ámbito. En este sentido, la ley de vivienda actualmente en discusión es vista como una “muy buena” iniciativa para mitigar el impacto de la carestía en las familias vulnerables.

Además, hizo referencia a la Garantía Infantil Europea, una estrategia amplia que busca combatir la pobreza infantil en colaboración con el Estado español. Este plan incluye atención a comedores escolares, educación para niños de 0 a 3 años, salud mental y mejoras en la sanidad pública, elementos clave para asegurar un desarrollo integral de los menores.

Pérez también subrayó la importancia de un enfoque municipalista para la implementación de estas iniciativas, sugiriendo que la colaboración con los gobiernos locales es esencial para el éxito de estas medidas. Este aspecto ha sido bien recibido por el gobierno central, que busca consolidar esfuerzos en este ámbito.

Otro aspecto destacado por el secretario de Estado es la necesidad de una coordinación interministerial, particularmente con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Se está trabajando en una prestación por crianza que otorgaría una renta de 100 euros al mes por cada hijo durante sus primeros tres años de vida, con la posibilidad de aumentar a 200 euros en ciertos casos.

Las dinámicas de pobreza infantil están intrínsecamente ligadas a la pobreza familiar, y tener un hogar o un empleo no garantiza escapar de esta situación, especialmente en un contexto en el que los costos de vida han aumentado sin una paralela subida de salarios. Esto ha llevado a que muchas familias caigan en la trampa de la pobreza, con un aumento en la precariedad de aquellos que ya vivían en situaciones vulnerables.

Pérez concluyó instando a que este tema sea parte de un “debate real” en la sociedad española; es fundamental que las administraciones no intenten minimizar la gravedad de los datos. Se necesita una visibilización del problema estructural que enfrenta la infancia en el país, y una respuesta que adopte un enfoque proactivo en lugar de reactivo.

El diálogo con las comunidades autónomas se ha mostrado como un canal clave para abordar esta crisis. A través de las conferencias sectoriales, se ha solicitado a los gobiernos autonómicos que diagnostiquen la situación de pobreza infantil y propongan estrategias efectivas para combatirla.

Patricia Durán, presidenta de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, expresó su profundo desasosiego por los “alarmantes” datos que presenta la comunidad autónoma, reflejando que el 28,9 por ciento de pobreza y exclusión infantil constituye un incremento preocupante, triplicándose en los últimos años y alcanzando el nivel más alto desde 2015.

A lo largo de sus dos décadas de existencia, esta red ha creado un grupo específico centrado en infancia, juventud y familia, compuesto por profesionales que trabajan directamente con jóvenes en riesgo. Este enfoque les otorga un conocimiento profundo sobre las realidades que enfrentan los menores en la región.

Dentro de los problemas más significativos, Durán destacó la crisis de la vivienda y el aumento del costo de la vida, que ha forzado a muchos jóvenes a ingresar al mundo laboral a una edad temprana, impidiéndoles continuar sus estudios debido a la presión económica que enfrentan en sus hogares. La mayoría de los hogares afectados por la pobreza en Aragón son monoparentales, lo que agrava aún más la situación económica familiar.

Este desajuste entre el aumento de los precios de bienes esenciales y los salarios no ha hecho más que exacerbar la pobreza, dejando a las familias con menos recursos que nunca. Durán resumió la situación de manera clara: “Los pobres están más pobres aún”.

Finalmente, enfatizó la urgente necesidad de contar con una interoperabilidad de datos que permita un acceso completo y transparente a información sobre los menores en todo el país, incluyendo aquellos bajo tutela. Esta medida facilitaría significativamente la actuación de organizaciones como la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, que trabajan para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad.