En un caso alarmante de explotación laboral, la Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de dos individuos y ha puesto bajo investigación a varias empresas en la comarca oscense del Bajo Cinca, donde cerca de 200 trabajadores, incluidos niños, estaban hacinados en condiciones deplorables y peligrosas.

La investigación se activó a principios de junio tras recibir múltiples quejas sobre la situación de estos trabajadores, quienes vivían en precarias condiciones en dos viviendas en Candasnos y en una antigua finca hostelera. Las denuncias denunciaban que estas condiciones vulneraban tanto los derechos laborales como la dignidad de los inmigrantes en España.

Los agentes de la Guardia Civil encontraron alrededor de 50 personas en los domicilios de Candasnos, entre ellos dos familias con hijos que residían en estructuras con riesgo de colapsar. Más tarde, descubrieron que 147 trabajadores de diversas nacionalidades estaban hacinados en instalaciones antiguas, sin acceso adecuado a servicios básicos y en condiciones que eran una clara amenaza para su seguridad.

Además, la investigación reveló que se estaban realizando trabajos de construcción sin los permisos necesarios, lo que indicaba un intento de ampliar el alojamiento para más trabajadores. Con la colaboración de las autoridades locales y los servicios sociales, se procedió a investigar más a fondo la situación.

Finalmente, tras recopilar suficiente información, la Benemérita llevó a cabo un registro en la finca y arrestó a dos hombres, de 61 y 52 años, acusándolos de violaciones a los derechos laborales y de los inmigrantes.

Se descubrió que los trabajadores tenían permisos de residencia temporal y fueron contratados desde sus países de origen a través de un programa vinculado al Ministerio de Migraciones. Sin embargo, fueron sometidos a condiciones laborales abusivas en las que parte de su salario era retenido bajo conceptos de alojamiento y transporte.

La situación llevó a los servicios sociales a gestionar el reubicamiento de algunos de los trabajadores, mientras que otros quedaron bajo la supervisión de uno de los responsables de las empresas frutícolas involucradas. Esta operación, realizada por la Compañía de la Guardia Civil de Fraga, fue nuevamente un llamado de atención sobre la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores y abordar las prácticas empresariales abusivas en el sector agrícola.