Este jueves, 20 de marzo, se llevará a cabo una concentración frente a la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en Zaragoza, donde diversos sectores del ámbito social se unirán para alzar su voz en un reclamo crucial.

Los sindicatos CGT, UGT y CCOO han expresado su preocupación por la situación actual en los centros de protección y reforma de menores de Aragón. En una declaración realizada este martes, han exigido más plazas y un aumento en el número de educadores para garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes. Además, han advertido que incidentes trágicos como el reciente asesinato de una trabajadora en Badajoz podrían repetirse en la región si no se toman medidas inmediatas.

La concentración está programada para las 11:30 y busca rendir homenaje a la víctima de Badajoz, al tiempo que exige un convenio autonómico y se opone al cierre de centros en la comunidad. Este evento se enmarca dentro de un movimiento de protesta más amplio a nivel nacional que aún se encuentra en desarrollo.

Durante una rueda de prensa realizada en la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), los representantes de los sindicatos han puesto de manifiesto la precariedad laboral y la falta de seguridad que enfrentan quienes trabajan en estos centros. Angélica Mazo, secretaria del Sector de Servicios Sociales de UGT Aragón, enfatizó que la falta de personal y la sobrecarga laboral son preocupantes, señalando que en ciertos casos hay centros de menores donde solo hay un educador presente.

Mazo también denunció la política de externalización del Gobierno de Aragón, que, según ella, ha llevado a una situación insostenible. Esto ha resultado en una significativa pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que han visto un recorte del 50% en comparación con sus salarios de empleados públicos. La falta de recursos y el enfoque en recortar costos están perjudicando la calidad del servicio, afirmó.

La portavoz de UGT subrayó que la opción de mantener un solo trabajador por turno, particularmente en horarios críticos como la noche, es inaceptable. Se requiere contar con más recursos y renunciar a las prácticas que priorizan el beneficio económico de las empresas concesionarias a expensas de la seguridad laboral y la atención adecuada a los menores.

Héctor García, trabajador del centro de menores de Juslibol, agregó que se enfrentan a situaciones complejas con jóvenes que a menudo carecen de habilidades emocionales, lo que puede resultar en situaciones de riesgo. En este contexto, manifestó que la atención que reciben los trabajadores tras un incidente no es suficiente, resaltando la necesidad de un protocolo más adecuado que garantice su bienestar tras situaciones de estrés o amenaza.

García también mencionó el elevado número de ausencias en su equipo, con más de un 20% de compañeros de baja por diferentes motivos. A pesar de que las agresiones físicas no son comunes, las amenazas son frecuentes, lo que contribuye a un ambiente laboral desgastante. La falta de un acompañamiento adecuado para los trabajadores es motivo de preocupación, añadió.

En un tono de alarma, García señaló casos anteriores de abuso y negligencia en la gestión de centros que han dejado a los trabajadores y a los menores expuestos a situaciones peligrosas. Hizo un llamado para que se realicen auditorías y se revise el modelo de gestión, destacando la necesidad de incluir a los educadores en el proceso de rediseño de políticas y servicios.

Por su parte, Alberto Echevarría, de CCOO, exigió auditorías inmediatas en todos los centros de menores para asegurar el cumplimiento de las normas y la cantidad de personal requerido. De detectarse irregularidades, pidió una reversión de la externalización y una mayor responsabilidad del gobierno en la gestión de estos espacios críticos.

Angélica Mazo también solicitó que los trabajadores tengan un acceso directo a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia en momentos de crisis, así como la disposición de espacios seguros dentro de los centros para garantizar su integridad física. Los representantes sindicales concluyeron señalando que no es momento de cerrar instalaciones en un contexto donde la demanda supera la capacidad de atención, alertando sobre el riesgo de agravar la situación actual de los menores en Aragón.

A medida que se planea la concentración, la comunidad se mantiene atenta a las acciones de los sindicatos y su búsqueda por mejorar las condiciones laborales y la calidad del servicio en los centros de protección de menores, un tema que requiere atención urgente y un enfoque responsable por parte de las autoridades.