El 27 de mayo en Madrid, el Tribunal Constitucional (TC) ha decidido, en su sesión plenaria, proceder con la revisión de las impugnaciones interpuestas por los gobiernos de Aragón, Cantabria y Extremadura. Estos recursos cuestionan la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, un tema que ya había suscitado la atención del TC al acoger previamente la impugnación presentanda por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, en la Comunidad de Madrid.

Los recursos están dirigidos contra el Real Decreto-ley 2/2025, que entró en vigor el pasado 18 de marzo. Este decreto contiene medidas urgentes diseñadas para salvaguardar el interés superior de la infancia y adolescencia en situaciones excepcionales vinculadas a la migración.

Las administraciones autonómicas argumentan que este decreto vulnera tanto los principios constitucionales que regulan la legislación en temas de derechos fundamentales, como el marco de competencias que separa al Estado de las comunidades autónomas, además de los principios de autonomía y solidaridad que deberían guiar estas interacciones.

El 29 de abril, la corte ya había admitido el recurso de la Comunidad de Madrid, que también impugnaba este decreto. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de Madrid, Miguel Ángel García Martín, había declarado en ese momento que desde el Partido Popular perciben el esquema de distribución como “discrecional”, supuestamente orquestado junto al partido Junts con el fin de obtener los siete votos necesarios para que Pedro Sánchez permanezca en el poder.

Un informe elaborado por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid sostiene que el citado decreto es inconstitucional, ya que invierte las competencias que el Gobierno regional tiene de manera exclusiva. Según el informe, la responsabilidad de recibir y acoger a un menor extranjero no acompañado recae en las comunidades autónomas que tengan esa competencia establecida por estatuto en cuestiones de protección y tutela de menores.

Además, se argumenta que el decreto contradice el principio de solidaridad y lealtad entre las distintas administraciones, dado que su ejecución se ha realizado sin la participación de las comunidades autónomas. También se pone en entredicho el principio de autonomía financiera, puesto que el Gobierno central no asegura los recursos económicos necesarios para garantizar la atención adecuada a los menores que son desplazados.

En resumen, el Partido Popular sostiene que el real decreto carece de legitimidad y justificación, alegando que la forma en que se distribuyen a los menores migrantes no acompañados se basa en “cuotas subjetivas” y no prioriza adecuadamente su bienestar y asistencia.