En Zaragoza, el concejal del PSOE, Horacio Royo, ha urgido a la alcaldesa Natalia Chueca y a su equipo a unirse en la lucha contra el creciente fenómeno de las Viviendas de Uso Turístico (VUT). Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), este tipo de alojamientos ha crecido un alarmante 40% en solo un año, lo que equivale a cerca de 400 viviendas que podrían haber servido como oferta residencial y que ahora se han convertido en espacios hoteleros.

Royo ha expresado su preocupación en una reciente comparecencia, donde solicitó la intervención del consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, para examinar la alarmante evolución del mercado de la vivienda en la capital aragonesa. El concejal destacó que Zaragoza se enfrenta al aumento más significativo de VUT de todas las grandes ciudades españolas, con un incremento de 1.000 a 1.400 unidades legales en un solo año.

La situación se complica aún más debido a la limitada oferta de viviendas públicas en alquiler, la escasez de licencias para nueva construcción y el aumento constante de los precios de los arrendamientos. Royo enfatizó la necesidad de una revisión exhaustiva del modelo urbanístico vigente para abordar adecuadamente este desafío que afecta a la comunidad.

A pesar de que se han otorgado 1.778 licencias para nuevas construcciones, Royo subrayó que esta cifra no solo es insuficiente, sino que además no alcanza los niveles registrados en 2010 durante la crisis financiera. Esto resulta alarmante dado que cada año Zaragoza suma aproximadamente 7.000 nuevos hogares.

El edil socialista también destacó que el alza de los precios en la Vivienda de Protección Oficial (VPA) ha contribuido a que, de otro modo, la construcción de viviendas libres estaría experimentando un notable descenso. Aumentos significativos en los costos de urbanización han hecho que, por ejemplo, los gastos en Arcosur se hayan incrementado de 22,000 a casi 60,000 euros por vivienda.

Recordando que el PSOE ya había abogado por una revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace cuatro años, Royo insistió en que contar con reservas de vivienda no es suficiente si no se desarrollan adecuadamente, o si la administración no propone un enfoque más flexible y realista.

El concejal también planteó una crítica sobre la aparente discrepancia entre la densidad de nuevas construcciones, señalando que no debería haber problema para instalar 470 viviendas en un espacio reducido, mientras que es complicado desbloquear convenios que permitirían un desarrollo más razonable en otros lugares.

Royo hizo un llamado al Gobierno local a revisar profundamente su modelo de urbanismo, abogando por un enfoque que fomente ciudades más sostenibles, con mayor dotación de espacios verdes y menos congestionadas, en vez de limitarnos a un mero diseño sobre el plano que ignore las necesidades de la población.

Las preocupaciones por el costo de la vivienda también han llevado a movilizaciones en más de 40 ciudades en toda España, donde la gente salió a las calles a protestar contra el aumento desmedido de los precios. En Zaragoza, el alquiler ha crecido un 33% en los últimos seis años, con un apartamento de 70 metros que ha pasado de costar 550 euros en 2019 a 750 euros en 2025.

El concejal advirtió que el principal desafío radica en la escasez de oferta en relación a la demanda. Aunque Zaragoza está creando alrededor de 7,000 nuevos hogares, las licencias de nueva construcción han sido muy bajas en el último año.

Actualmente, entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza hay en torno a 1,700 viviendas en construcción o en proceso de tramitación, de las cuales 425 son de iniciativa municipal y aproximadamente 1,250 de iniciativa autonómica.

Royo señaló que, si se logra llevar a cabo estas iniciativas, se podría incrementar el parque de viviendas públicas de alquiler a 4,100, lo que aumentaría la proporción de vivienda pública del actual 0,9% al 1,4%. Sin embargo, esta cifra aún estaría muy por debajo de la media nacional del 2,5% y de la europea, que se sitúa en un 9%.

Según el concejal, si se mantiene el ritmo de construcción actual, alcanzar el 2,5% podría llevar hasta tres legislaturas, un lapso de 12 años en el que el impacto de estas medidas sería, en términos reales, bastante limitado.