ZARAGOZA, 30 de abril. En un giro importante en la gestión de la crisis de sequía que afecta a diversas regiones españolas, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón se ha decidido a impugnar ante el Tribunal Supremo el reciente Real Decreto que regula las ayudas económicas destinadas a mitigar los efectos de la sequía en el arco mediterráneo para el año 2024. Esta medida se centra en la inclusión de la provincia de Teruel, según ha informado Javier Rincón, consejero de Agricultura, durante una conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Rincón ha destacado que el Gobierno de Aragón previamente había presentado alegaciones al borrador del Real Decreto, que fueron desestimadas por el Ejecutivo central. La próxima semana, se enviará un requerimiento al Ministerio de Agricultura solicitando cambios en la normativa actual, esperando una respuesta en el plazo de un mes. Después de recibir la contestación, los servicios legales de la administración aragonesa llevarán a cabo la formalización del recurso contencioso-administrativo.

Con visible decepción, Rincón ha expresado que están consternados por el contenido del decreto, indicando que la situación actual representa una “injusticia y discriminación hacia la provincia de Teruel”. Esta provincia se ha visto excluida de las ayudas que buscan aliviar los impactos de la sequía, a pesar de haber sufrido pérdidas significativas en su agricultura.

El Real Decreto establece que de los 68 millones de euros provenientes de la Unión Europea para combatir la sequía, un total de 20 millones serán asignados a la agricultura de árboles de fruto de cáscara, como el almendro y el pistacho, privilegiando las regiones del arco mediterráneo.

En el borrador y en el texto final publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de abril, se argumenta que las provincias más afectadas por la sequía han sido Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón y Tarragona, donde el cultivo de almendro reportó una disminución de producción del 30% en comparación con el promedio de los cinco años previos. Sin embargo, Rincón ha subrayado que Teruel también ha enfrentado pérdidas considerables.

Resaltando datos concretos, ha detallado que entre 2018 y 2023, la producción media de frutos de cáscara en Teruel fue de 8,1 millones de kilos, cayendo a 5,4 millones en 2024. Es por ello que solicitan ayudas de 120 euros por hectárea, hasta un máximo de 70 hectáreas, lo que se traduciría en aproximadamente 2 millones de euros para la provincia. “Nos preguntamos por qué no se incluye a Teruel”, insistió Rincón.

Además, el Departamento de Agricultura ha manifestado su oposición al criterio geográfico utilizado en el decreto, abogando por un enfoque que considere las comarcas agrarias. Rincón ha puesto de relieve que en Zaragoza las cosechas han resultado positivas en la comarca de Cinco Villas, mientras que han sido deficientes en Caspe. Asimismo, ha propuesto que los agricultores de olivar y viñedo sean considerados en futuras ayudas, ampliando así el respaldo a las zonas más afectadas.