**ZARAGOZA, 2 de junio** – En un compromiso por la transparencia y la colaboración, Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, ha manifestado su intención de negociar los presupuestos autonómicos para 2026 con todas las partes involucradas. Según sus palabras, es optimista respecto a alcanzar un acuerdo que priorice el bienestar de los aragoneses.

Esta declaración fue realizada durante una Comisión de las Cortes de Aragón, donde Bermúdez de Castro respondió a una pregunta formulada por Álvaro Sanz, diputado de Izquierda Unida, quien ha presentado una iniciativa respaldada por la ciudadanía. La voluntad de apertura en la negociación es un paso hacia la inclusión y la participación de diferentes voces en la elaboración presupuestaria.

El consejero recordó que el Estatuto de Autonomía permite la prórroga presupuestaria, y admitió que a finales de septiembre no se contaba con la información adecuada para elaborar el presupuesto del próximo año. Esta situación plantea un desafío significativo, especialmente en el contexto de la gestión financiera pública.

Además, Bermúdez de Castro reveló que el Gobierno está planificando la introducción de un nuevo decreto que contemple un aumento salarial para los funcionarios, lo que refleja un compromiso con el bienestar de los empleados públicos. También indicó que para julio se dispondrá de datos clave sobre la proyección de ingresos, impuestos y tasas, así como sobre el déficit anual, lo cual permitirá una toma de decisiones informada.

Por su parte, Ignacio Barquero, director general de Presupuestos, explicó que, aunque en un estado de prórroga se gasta de forma similar a lo que ocurre con presupuestos aprobados, sigue existiendo una serie de complicaciones administrativas. Aún así, enfatizó que la inyección de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha complicado la ejecución efectiva de las partidas presupuestarias.

Barquero insistió en que, en el último ejercicio, no existió infradotación en el Capítulo I del presupuesto, aunque concedió que la eficiencia del gasto en el sector público es un objetivo ambicioso y desafiante. Subrayó que gran parte del gasto en Educación corresponde a las nóminas del profesorado, y pidió no caer en la trampa de pensar que existen grandes márgenes de ahorro dentro de la administración.

Además, expresó su deseo de optimizar los pagos a los ciudadanos que facturan a la Administración, mencionando que han incrementado los pagos de tres a cuatro al mes. Sin embargo, su ambición es que los pagos sean aún más frecuentes, un objetivo que podría requerir más cambios. También comentó que las mayores dificultades de liquidez provienen de la falta de pagos por parte de la Administración General del Estado, quien no desembolsa aproximadamente sesenta millones de euros mensualmente.

Con respecto a la financiación, Barquero aseguró que se han observado mejoras en las condiciones de crédito, aunque hizo hincapié en la necesidad de identificar riesgos y colaborar con otros departamentos para implementar mejoras prácticas.

Óscar Galeano, parlamentario del PSOE, no dudó en interpelar a Barquero sobre la gestión de los recursos públicos en el contexto de un presupuesto que se encuentra en prórroga, señalando la falta de efectividad en la administración por parte del presidente Jorge Azcón. Galeano criticó que durante el primer cuatrimestre del año se hayan ejecutado 200 millones de euros menos que el año anterior, lo que tiene un impacto directo en la gestión y tramitación de expedientes.

La diputada del PP, Blanca Puyuelo, recordó que Aragón opera en base a un presupuesto prorrogado, afirmando que, a pesar de que los presupuestos del gobierno pasado se aprobaron, la gestión fue más sencilla aunque no necesariamente más efectiva. Su análisis resalta la complejidad de la administración pública actual bajo estas condiciones.

Desde Vox, Fermín Civiac apuntó a la insuficiencia en la gestión relacionada con el sector salud, resaltando que los informes de la Cámara de Cuentas raramente son positivos y que existe un descontrol en el gasto, sugiriendo que las instituciones deben ser más responsables y transparentes.

José Luis Soro, representante de CHA, concluyó que las implicaciones de la prórroga presupuestaria son más políticas que técnicas y solicitó mayor claridad sobre cómo se controla el gasto. Por su parte, Tomás Guitarte de Teruel Existe expresó inquietudes sobre la gestión del presupuesto durante este periodo de prórroga, destacando la incertidumbre respecto a las inversiones necesarias.

Finalmente, Álvaro Sanz de IU advirtió sobre la prudencia que debe acompañar el uso de la prórroga presupuestaria, denunciando la existencia de problemas de personal y la falta de cobertura de plazas, lo que refleja una gestión que ha dejado de lado contrarrestar el despilfarro y asegurar el pleno funcionamiento de la administración.