El pasado viernes, en Zaragoza, el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, firmó una orden que marca el inicio del proceso para la creación de los Presupuestos 2026 de la Comunidad Autónoma.

Aragón enfrenta este período de planificación presupuestaria con un contexto económico alentador, proyectando un crecimiento del PIB regional del 2,7% para 2025, cifra que se alinea con las expectativas nacionales.

Esta tendencia favorable brinda la oportunidad de crear presupuestos que refuercen las políticas públicas vigentes y avancen hacia los objetivos estratégicos que ha delineado el Gobierno aragonés.

En la elaboración de los Presupuestos de 2026, se priorizarán principios como la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la eficiente gestión de los recursos públicos. Las orientaciones para la asignación del gasto se adaptarán al límite de gasto no financiero que aprueben las Cortes de Aragón, según han señalado fuentes del Gobierno.

Los distintos departamentos y entidades del sector público autonómico deberán continuar implementando criterios de revisión del gasto, priorizando las iniciativas más significativas y ajustando sus compromisos a la disponibilidad de recursos. Las sugerencias de modificación al texto que envíen las distintas áreas tienen como fecha límite el 25 de julio de 2025.

Adicionalmente, los fondos procedentes de la Unión Europea, como los del FEAGA, FEADER, FSE+, FEDER y FEMP, así como los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), serán presupuestados conforme a las directrices financieras y técnicas pertinentes, asegurando su efectividad y eficiencia en la ejecución.

La documentación inicial se basa en un análisis económico cauto, en un contexto global y nacional que se caracteriza por la incertidumbre creciente. Factores como los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, y las tensiones económicas internacionales —incluyendo las políticas arancelarias de la nueva administración estadounidense— están influyendo de manera directa en la economía global.

Por otro lado, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2024 y 2025 impacta negativamente, pudiendo suponer para Aragón una merma mensual de 61,5 millones de euros en las transferencias del sistema de financiación autonómica.

Este escenario de inestabilidad tensiona las finanzas de la comunidad, siendo esta una consecuencia de una decisión unilateral del Ministerio de Hacienda, que ha generado una carga financiera innecesaria sobre la tesorería aragonesa.

Asimismo, persisten interrogantes en torno al efecto de posibles medidas extraordinarias que el Gobierno central podría implementar, como la condonación de parte de la deuda autonómica, que podría alterar la planificación financiera regional.

La incertidumbre se intensifica con la posibilidad de que tales decisiones influyan en el acceso a créditos o en los ingresos, complicando aún más el panorama económico.

Todos estos factores, sumados a las crecientes inseguridades que se consolidan en el entorno global y nacional, impactan significativamente en las directrices que definirán el proyecto presupuestario aragonés para 2026, y por ello deben tenerse muy presentes en el proceso.

Desde la perspectiva técnica, la Orden se fundamenta en el marco normativo del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Constitución Española y la Ley de Hacienda autonómica. Se describen en detalle los principios de presupuestación, la estructura de los presupuestos y el calendario de elaboración, así como las responsabilidades de los diversos departamentos y entidades del sector público.

Los Presupuestos serán diseñados alineándose con los principios de estabilidad, sostenibilidad y eficiencia, apuntando firmemente hacia la consecución de los objetivos de la política económica del Gobierno de Aragón.