En Zaragoza, el 16 de mayo, se generó un importante debate en las Cortes autonómicas. El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, reveló en una sesión plenaria que parece improbable que se aprueben los presupuestos autonómicos este año, aunque no se está cerrando a dicha posibilidad.

Durante un intercambio con el diputado de Vox, Fermín Civiac, centrado en cuestiones de fiscalidad, Bermúdez de Castro dejó claro que para aplicar una reducción de impuestos se requiere una legislación específica o la aprobación de los presupuestos regionales.

El consejero expuso que una reducción fiscal focalizada no puede ser implementada a través de una ley destinada a apoyar a los municipios más pequeños, subrayando que es esencial elaborar una ley independiente o contar con un presupuesto comunitario. Señaló que, dado el panorama actual, es probable que los nuevos presupuestos no se ratifiquen, lo que significa que cualquier planificación fiscal quedaría postergada para los presupuestos de 2025, con una previsible aprobación el 10 de agosto, invitando a reflexionar sobre las consecuencias que esto tendría para los ciudadanos de Huesca.

El mensaje del Gobierno aragonés es directo: buscan un sistema impositivo más equitativo que responda a las necesidades de gasto de la región. Según Bermúdez de Castro, Aragón enfrenta una situación financiera más complicada en comparación con otras comunidades, haciendo hincapié en que los servicios públicos son más costosos en esta autonomía y destacando la necesidad de un equilibrio en la política fiscal.

Bermúdez de Castro también hizo hincapié en que una reducción general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) no sería viable, ya que tendría un impacto significativo al dejar de percibir 100 millones de euros. También advirtió que rebajar el impuesto de Sucesiones requeriría identificar cómo recortar 40 millones en gastos, lo cual plantea un desafío considerable.

El consejero no dudó en criticar las propuestas fiscales de Vox a nivel nacional, subrayando que la eliminación generalizada de impuestos pondría en riesgo la financiación de los servicios públicos esenciales. Abogó por una reducción impositiva gradual, a condición de que no afecte negativamente a estos servicios, describiendo la propuesta de Vox como poco realista y carente de un plan claro sobre recortes.

Continuando con su análisis, el consejero enfatizó la responsabilidad que conlleva la gobernanza y cuestionó las intenciones de Vox y el Partido Popular en cuanto a la recaudación fiscal, sugiriendo que buscan minimizar la carga tributaria sin garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos.

Por su parte, Fermín Civiac de Vox expresó que tanto su agrupación como los votantes del PP favorecerían una disminución de impuestos, recordando una reciente propuesta del Gobierno para reducir el ITP en las operaciones de compra de vivienda, destacando la urgencia de rebajar también el impuesto de sucesiones, al que calificó de injusto y confiscatorio.

Civiac argumentó que el contexto actual podría ser propicio para considerar una bonificación de este impuesto, especialmente con una nueva ley que facilitaría la transmisión de empresas familiares. Además, mencionó las propuestas del PP sobre deducciones en el Impuesto sobre la Renta y cuestionó la falta de acción del Gobierno al respecto.

El diputado de Vox concluyó insinuando que el Gobierno tiene la responsabilidad de presentar una ley de presupuestos, reclamando que la presión para realizar reducciones fiscales no debería caer solamente en la oposición. Avanzó que, probablemente, las bajadas de impuestos llegarían más adelante en la legislatura.