La consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, ha levantado la voz en contra de la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, calificándola de "desbordante" y argumentando que la "política de puertas abiertas" está llevando la situación al límite. En un reciente encuentro con la prensa, Susín anunció que su administración no se sumará al plan de distribución de menores migrantes no acompañados que se ha acordado entre el Ejecutivo central y Junts, argumentando que esta medida pone en peligro la igualdad entre ciudadanos españoles.

Susín, quien dejó claro que no proporcionará cifras sobre el actual número de menores acogidos ni sobre la financiación existente, criticó el decreto que establece un proceso efectivo de redistribución forzada de estos menores provenientes de territorios saturados, como Canarias o Ceuta. Aseguró que este decreto en última instancia sirve más al interés político de Sánchez que al bienestar de los niños migrantes, afirmando que se busca mantener su permanencia en el poder a expensas de la igualdad entre toda la ciudadanía.

La consejera enfatizó que Aragón no participará en disposiciones que fomenten la desigualdad y la xenofobia, insistiendo en que el principal problema es la violación del principio de igualdad entre comunidades autónomas. A nivel local, se estima que en enero había 104 plazas disponibles, mientras que se reportaron 197 menores acogidos, lo que representa una ocupación del 189% de la capacidad.

En cuanto a la situación en su comunidad, Susín declaró que el sistema de acogida está siendo "desbordado" por la masiva llegada de inmigrantes, lo que ha llevado a la necesidad urgente de reconfigurar el enfoque de la crisis migratoria en España. Cuando se le cuestionó sobre cómo se podrían garantizar los derechos de los migrantes en zonas como Canarias o Ceuta, sugirió que era responsabilidad del Gobierno central asegurarse de que se respetara la igualdad entre todos los españoles.

Sobre el recurso de inconstitucionalidad que el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha anunciado, Señaló que se está trabajando en ello, aunque no hay fechas definitivas para su presentación. En tal sentido, el Ejecutivo aragonés sostiene que cualquier cambio en la reubicación de menores exige un marco legal, y no se puede aplicar a través de un decreto que altera una ley orgánica, como en el caso de la ley de extranjería.

Susín expresó que esta reforma no solo vulnera derechos de los migrantes, sino que también se inmiscuye en las competencias de las comunidades autónomas, planteando un desafío a la forma de colaboración y cooperación que debería imperar entre las diferentes administraciones. A su juicio, lo más preocupante es cómo la política de migración impuesta por Madrid ha llevado a un desbalance que perjudica a regiones como Aragón en beneficio de decisiones que priorizan intereses políticos específicos.

La consejera fue categórica al afirmar que no puede aceptar que se impongan acuerdos que despojan a su comunidad de voz y voto en cuestiones que les afectan directamente. Criticó el uso de los menores migrantes como "rehenes" en negociaciones políticas que sólo benefician a unos pocos, en este caso a los intereses del partido Junts, a quienes se les atribuye haber obtenido beneficios desproporcionados a cambio de su respaldo.

Susín también destacó la percepción de que España está siendo dividida en dos realidades distintas, asegurando que el Gobierno de Sánchez está actuando al ritmo marcado por aquellos que buscan separar sus intereses de los del conjunto del país. "Defenderemos la unidad y la igualdad entre todos los españoles. No seremos cómplices de este tipo de decisiones", concluyó, alzando la voz contra las prácticas que, a su juicio, socavan la coherencia del Estado policial.

Finalmente, hizo un llamado a la necesidad imperiosa de transparencia en la gestión de la acogida de menores, añadiendo que se había acordado tener una Conferencia Sectorial sobre este asunto, pero las convocatorias siguen sin realizarse, lo que indica una falta de compromiso del Gobierno central hacia la problemática migratoria en el contexto de una verdadera crisis que requiere atención y soluciones efectivas.