El pasado lunes, el Gobierno de Aragón marcó un hito significativo al aprobar un proyecto de ley que aborda medidas urgentes en el ámbito energético. Este ambicioso texto tiene como objetivo principal incrementar la competitividad del sector productivo en la región, favoreciendo la expansión de las energías renovables y fomentando el autoconsumo. De este modo, el Ejecutivo busca llenar el vacío legislativo dejado por la reciente anulación del decreto ley que había impulsado el gobierno anterior, dejando claro la importancia de establecer un marco normativo robusto y eficaz.

Jorge Azcón, al frente del Gobierno de Aragón, ha anunciado que esta propuesta legislativa se presentará en diciembre en las Cortes de Aragón para su debate y posterior aprobación. La vicepresidenta Mar Vaquero ha enfatizado la necesidad de alcanzar el máximo consenso posible para brindar "seguridad jurídica al sector", así como para inspirar confianza en las empresas aragonesas y los proyectos de inversión que se han venido desarrollando a lo largo de los años.

En sus declaraciones, Vaquero subrayó la urgencia de una "rápida reacción" ante el "vacío normativo" generado por la invalidación del decreto 1/2023, que promovía la transición energética y el consumo local en Aragón. El Tribunal Constitucional no encontró justificación suficiente para la calificación del decreto como de "extraordinaria y urgente necesidad", lo que ha llevado a la necesidad de crear un nuevo marco legal.

La vicepresidenta delineó la importancia de esta ley en un contexto en el que la energía se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo empresarial, económico y productivo. "Es fundamental aprovechar adecuadamente este recurso, y para lograrlo es esencial elaborar y aprobar esta ley que brinde seguridad y certidumbre al sector", afirmó.

A pesar de las dificultades, Vaquero aseguró que el nuevo proyecto de ley está diseñado para resguardar los elementos esenciales del decreto anulado, manteniendo aproximadamente el 80% de su contenido, mientras que se adaptarán los 20 artículos que, según el Tribunal Constitucional, invadían competencias estatales.

La vicepresidenta se mostró firme al afirmar que esta normativa refleja un compromiso coherente, ya que la esencia de la misma ha sido previamente compartida y busca fortalecer la competitividad apoyándose en las energías renovables.

El proyecto presentado incluye nueve capítulos que, entre otros, promueven el autoconsumo y la creación de comunidades energéticas. Además, se contempla la creación de un Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, destinado a compensar a los municipios que albergan instalaciones de energía renovable, canalizando las inversiones hacia estas áreas mediante ingresos obtenidos de tributos medioambientales.

Otro capítulo se dedica a regular los proyectos de energía renovable prioritarios, introduciendo una simplificación administrativa diseñada para seguir el camino del anterior gobierno respecto a estos proyectos estratégicos.

El texto también incorpora recomendaciones surgidas de la reciente Comisión de Investigación sobre Energías Renovables, que aboga por actualizar la normativa energética y acelerar los procesos administrativos, así como por realizar una planificación territorial que considere el impacto estético del despliegue de las energías renovables.

Además, la ley tiene la intención de promover una participación activa en la creación del nuevo plan energético, que espera reemplazar el plan caducado de 2013-2020. Vaquero adelantó que se evaluarán los impactos ambientales y sociales de las instalaciones energéticas, identificando áreas que requieren protección para salvaguardar paisajes y entornos sensibles.

Por último, en cumplimiento del compromiso de Azcón durante el debate de investidura, se establecerá un "foro permanente de la energía". Este órgano administrativo, compuesto por representantes tanto del sector público como privado, tendrá funciones consultivas y se encargará de coordinar y dialogar sobre asuntos energéticos en la región, marcando un paso importante hacia una gobernanza más inclusiva y participativa en el ámbito energético.