El 29 de abril de 2023, el Gobierno de Aragón ha decidido avanzar con un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley que regula la distribución de menores migrantes no acompañados. Esta acción se justifica por la preocupación de que dicha normativa infringe las competencias autonómicas y desconoce principios clave como la igualdad y la solidaridad que deben prevalecer entre las distintas Comunidades Autónomas, tal como manifestó la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en una reciente rueda de prensa.

Susín subrayó que el enfoque adoptado por el Gobierno central no es el adecuado para abordar cuestiones tan delicadas como los derechos fundamentales y las libertades de los menores extranjeros no acompañados, abogando por un tratamiento legislativo a través de una Ley Orgánica que respete estos derechos.

La decisión de presentar este recurso fue acordada en un Consejo de Gobierno celebrado el 21 de marzo, y marca un paso inicial en la lucha legítima del Ejecutivo aragonés por proteger sus competencias en el ámbito contencioso-administrativo. Hasta la fecha, ya se han presentado dos recursos, y el siguiente esfuerzo se dirigen al Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Aragón reafirma su postura crítica hacia el Real Decreto Ley desde su anuncio, considerándolo inconstitucional desde un primer momento. Recientemente, también se comunicó su intención de impugnar la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia programada para el lunes, un acto administrativo que ha sido admitido a trámite por la Audiencia Nacional.

La Conferencia Sectorial, sin embargo, fue posteriormente cancelada debido a un apagón eléctrico que afectó a todo el país, lo que ha añadido un nuevo giro a esta situación compleja.

En relación con el recurso de inconstitucionalidad, la consejera Susín explicó que este se presenta en dos dimensiones: por un lado, se impugna el decreto en su totalidad, y por otro, se atacan de forma individual los artículos y disposiciones que se consideran vulnerables a la constitucionalidad.

El Ejecutivo aragonés argumenta que todos los componentes del texto presentan defectos específicos que atentan contra la Constitución. Además, remarcó que el sistema empleado por el Gobierno central no es el adecuado, y que la normativa debería establecerse a través de una ley orgánica, garantizando así una protección más robusta de los derechos de los menores no acompañados.

El recurso elaborado por los equipos legales del Gobierno de Aragón señala que la normativa impone una reubicación forzada de menores en situaciones vulnerables sin el consenso necesario, lo que afecta directamente a las competencias autonómicas en áreas sociales, educativas y de salud.

Según Susín, esta normativa se basa en premisas que desmantelan los consensos alcanzados previamente, insistiendo en que el reparto de menores debería ser siempre un proceso voluntario y coordinado. La Comunidad Autónoma critica que el Real Decreto ignora el modelo vigente para gestionar contingencias migratorias y el plan de respuesta adoptado en 2022, que se fundamenta en principios de corresponsabilidad y cooperación entre territorios.

En cambio, el Gobierno de España está intentando imponer un marco regulatorio en alianza con un partido independentista catalán, lo que desdibuja el interés superior del menor y se lleva a cabo sin consultar a las demás comunidades.

Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia se ha clarificado que, de acuerdo con el Real Decreto, solo la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia puede establecer por unanimidad los criterios para el reparto. En caso de no existir consenso, rige una normativa que podría imponer criterios en favor de Cataluña.

Aragón, pues, sostiene que el Real Decreto Ley se basa en una lógica de desigualdad y xenofobia, sin reconocer el esfuerzo de acogida que se ha hecho en los últimos años respecto a menores migrantes.

Este recurso sobre la convocatoria de la Conferencia Sectorial se suma a otro ya presentado para cuestionar el requerimiento del Ministerio de Juventud e Infancia relacionado con los datos de plazas y ocupación en los centros de menores de Aragón, que fue el primer acto administrativo vinculado a esta controversia legal.

Por último, el proceso de medidas cautelares solicitadas por la DGA en esta disputa sobre el requerimiento estatal ha sido suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, mientras se evalúa una solicitud de inadmisión formulada por el Estado el pasado viernes.