ZARAGOZA, 5 de mayo. La Comisión de Hacienda, Interior y Administración Pública de las Cortes de Aragón ha dado un paso importante hacia la mejora de los servicios públicos en la comunidad. Durante una sesión celebrada este lunes, se ha alcanzado un consenso total entre los grupos parlamentarios para recomendar al Gobierno regional la creación de un “Plan General de Mejora de la Calidad de los Servicios Públicos” que funcione de manera plurianual. Esta propuesta se basa en la moción presentada por el grupo parlamentario de Vox, la cual recibió el respaldo unánime para dos de sus puntos principales y la aprobación mayoritaria de los restantes.

La moción establece que este plan debe incluir medidas concretas para su implementación, así como una memoria económica y la obligación de presentar el plan al Parlamento para su posterior debate y evaluación en una sesión plenaria. Esta iniciativa apunta a garantizar no solo la calidad, sino también la transparencia en la ejecución de los servicios públicos en Aragón.

Otro aspecto relevante que se ha discutido en la Comisión es la necesidad de activar eficazmente la Comisión para la Evaluación de las Políticas Públicas y de la Calidad de los Servicios Públicos, establecida por ley en 2013. Se ha resaltado la importancia de dotar a esta comisión de suficientes recursos, tanto técnicos como humanos, con personal propio del Departamento correspondiente, para asegurar la independencia y efectividad de sus labores, además de establecer un calendario claro de sesiones y un sistema de rendición de cuentas a través de informes periódicos.

Asimismo, la propuesta incluye la elaboración de un plan integral que facilite una gestión presupuestaria eficiente, promoviendo la gestión del presupuesto autonómico por programas, la implementación de un sistema de contabilidad analítica y la mejora del control financiero del sector público. También se sugiere integrar la gestión de contratación dentro del sector de Salud a la Dirección General de Contratación del Gobierno de Aragón.

La creación de un Plan de Evaluación de Políticas Públicas también se ha planteado, estableciendo un marco metodológico que contemple criterios objetivos y técnicas de análisis coste-beneficio. Además, debe priorizarse la evaluación de políticas y programas relevantes, con informes periódicos que se remitan a las Cortes para su revisión y análisis.

Fermín Civiac, diputado de Vox, ha enfatizado que “los aragoneses merecen una gestión pública que sea eficaz y transparente”, denunciando la falta de mejoras significativas en la calidad de los servicios en los últimos dos años y destacando que la gestión presupuestaria necesita reforzarse. Civiac ha instado a que el presupuesto de 2024 se gestione con mayor control, especialmente en áreas cruciales como sanidad y educación.

El parlamentario insistió en la necesidad de evaluar el rendimiento de cada euro invertido, pidiendo un control efectivo sobre los gastos en el ámbito de la salud y sugiriendo que la contratación en este ámbito sea gestionada de forma más centralizada. “En dos años, no hemos visto avances en la gestión de compras”, afirmó Civiac.

Civiac también ha avisado sobre la normalización de las violaciones legislativas por parte del Gobierno y ha sugerido que se prioricen políticas de alto impacto, propiciando un debate activo en las Cortes sobre la mejora de los servicios públicos y la activación de la Comisión de Evaluación.

Por su parte, Blanca Puyuelo, del PP, defendió que el Gobierno regional ya había comenzado a tomar medidas para mejorar su gestión y que la contabilidad analítica está respaldada por un marco legal sólido. Afirmó que ya se ha dado un paso en integrar este enfoque en el ámbito del Salud.

Desde el PSOE, Óscar Galeano criticó la postura del PP y argumentó que su gestión se basa en una inercia del pasado, sugiriendo una enmienda para reforzar el cumplimiento de las normativas de gestión presupuestaria y evaluación de políticas, en el contexto de la Agenda 2030, que busca promover la igualdad social y la creación de empleo de calidad.

El portavoz de CHA, José Luis Soro, cuestionó la propuesta de Vox, apuntando que, aunque piden consensos, la moción carece de enfoque constructivo. Defendió un control financiero riguroso y la necesidad de orientar el gasto a resultados, tanto en áreas rurales como urbanas, instando a la implantación de contabilidad analítica para mejorar la transparencia y la trazabilidad del gasto.

Tomás Guitarte de Aragón-Teruel Existe planteó la pregunta crítica sobre si Vox realmente defiende el medio rural o simplemente busca un manejo económico eficiente, lo que podría conllevar el cierre de centros de salud. Guitarte rechazó la moción tal como está planteada, argumentando que la evaluación de políticas públicas debería medirse en términos sociales, no únicamente en su rentabilidad económica.

El diputado de IU, Álvaro Sanz, aprovechó su turno para interpelar a Civiac sobre la existencia de presupuestos próximos y las negociaciones con el PP. Defendió la necesidad de evaluar los impactos de la privatización de los servicios públicos, así como la perspectiva socioeconómica del gasto público. Apoyó la creación de un plan de mejora, pero rechazó categóricamente cualquier recorte que ponga en riesgo el gasto social. “No se puede desvirtuar la esencia de una política social real”, concluyó Sanz.