El 22 de abril de 2023, en Zaragoza, se abre un nuevo capítulo en la lucha por la justicia agrícola. El Gobierno de Aragón está valorando seriamente la opción de recurrir al Tribunal Supremo para cuestionar un reciente real decreto aprobado por el Gobierno central que destina 20 millones de euros en ayudas directas a los agricultores de varias provincias, excluyendo a Aragón por completo. Esta decisión ha generado una profunda sensación de descontento en la comunidad autónoma, que ve ignoradas sus alegaciones.

El real decreto, que se basa en un borrador previamente enviado por el Ministerio de Agricultura en marzo, ha confirmado la exclusión de Aragón de las ayudas. Esta determinación dejó a muchos en la región sorprendidos, pues no se consideraron las necesidades específicas de la comunidad, una situación que el consejero de Agricultura, Javier Rincón, califica de injusticia.

Rincón ha manifestado su intención de actuar: “Vamos a esperar la publicación oficial y exploraremos la posibilidad de interponer un recurso administrativo ante el Tribunal Supremo. Creemos firmemente que la reivindicación de Aragón es justa y necesaria,” ha dicho el consejero, mostrando firmeza en su compromiso con los agricultores aragoneses.

La frustración se acentúa aún más por el hecho de que el Gobierno de Aragón se enteró de la aprobación del decreto a través de una nota de prensa, sin ningún aviso previo. Rincón ha dejado claro que esta falta de comunicación es inaceptable y merece una respuesta adecuada.

El Departamento de Agricultura había presentado sus alegaciones el 11 de marzo, tras recibir el borrador del decreto. Entre sus argumentos, se destacó la situación crítica de la provincia de Teruel, donde la producción de almendro ha caído un 35% en comparación con los promedios de los últimos años, lo que justifica que esta zona debería recibir apoyo.

Además, se cuestionó la elección de la provincia como unidad para la distribución de las ayudas. Desde Aragón se argumentó que el vasto territorio de una provincia puede albergar tanto zonas de alta producción como de baja, generando un indicador medio engañoso. Por ello, se propuso que las demarcaciones adecuadas para definir las ayudas fueran las comarcas agrícolas.

Las alegaciones también incluyeron la urgencia de considerar otros cultivos que se han visto severamente afectados por la sequía, como el olivar y el viñedo, que quedaron sin apoyo en este decreto. La propuesta de incluir estos cultivos en el análisis fue una de las principales demandas del Gobierno de Aragón.

Finalmente, se destacó la necesidad de utilizar herramientas más precisas para medir los impactos de la sequía, como el Índice de Sequía Estandarizado de Precipitación y Evapotranspiración (SPEI). Estos métodos fueron utilizados por los profesionales aragoneses en la elaboración de su propio Decreto Ley de Ayudas a causa de la sequía, que en septiembre de 2024 otorgó 8,2 millones de euros en apoyo a los afectados, marcando un precedente significativo en la respuesta a esta crisis.