El 15 de mayo en Zaragoza, las Cortes de Aragón dieron luz verde a la reforma de la ley que regula la agricultura social y familiar, con el objetivo de favorecer a los jóvenes agricultores y modernizar el sector agrícola. Esta iniciativa, impulsada por Vox y aprobada mediante lectura única, busca facilitar la instalación de granjas y modificar la unidad mínima de cultivo.

La principal meta de esta reforma es combatir la disminución del número de agricultores y ganaderos en la región, asegurando la viabilidad de las explotaciones agrícolas. Los votos a favor llegaron del PP, Vox y PAR, mientras que IU y Podemos se opusieron, y el PSOE, Aragón-Teruel Existe y CHA optaron por la abstención.

Santiago Morón, portavoz adjunto de Vox, defendió la reforma señalando los “graves inconvenientes” que la normativa actual ha causado a los jóvenes que desean dedicarse a la agricultura. Morón enfatizó el preocupante número de agricultores profesionales que están abandonando sus fincas, al tiempo que criticó las políticas del Pacto Verde Europeo, que considera responsables de los altos costos y la pérdida de competitividad del campo aragonés frente a otros países con regulaciones más laxas.

Morón también argumentó que la legislación vigente ha obstaculizado la creación de nuevas granjas y que las restricciones en la transmisión de tierras en zonas regables dificultan la llegada de nuevos agricultores. Resaltó la urgencia de reformar la ley para fomentar un desarrollo más sostenible del sector agrícola, proporcionando así oportunidades a los jóvenes interesados en asentarse en el medio rural.

Desde el PP, el diputado José María Giménez manifestó su compromiso con los pequeños y medianos agricultores que son esenciales para el desarrollo local y la conservación del medioambiente. Giménez indicó que muchos en el sector consideran que la antigua ley ha empeorado la situación, evidenciando un incremento en el número de bajas en el régimen especial agrario de la Seguridad Social.

Giménez subrayó la importancia de que todos los actores involucrados en la agricultura tengan voz en este proceso, recordando que el Departamento de Agricultura de Aragón había iniciado anteriormente un proceso de consulta pública.

Por su parte, Marcel Iglesias del PSOE criticó que la ley de agricultura social y familiar no sea un “desastre” como se ha señalado, y observó que el decremento en el número de agricultores no es exclusivo de Aragón, sino que se replicó en comunidades como Valencia y Castilla y León. Aseguró que, aunque algunos aspectos de la ley son mejorables, no hay razón para derogar completamente un artículo de una legislación tan amplia.

Asimismo, Iglesias alertó sobre el riesgo de permitir excesiva flexibilidad en la capacidad de las granjas, lo que podría llevar a una proliferación incontrolada de macrogranjas. Abogó por adaptar la legislación a la realidad agraria de Aragón, mostrando preocupación por el impacto en los pequeños agricultores que operan en minifundios.

José Luis Soro, portavoz de CHA, propuso que la reforma debe priorizar las explotaciones familiares y proteger a los pequeños productores de las grandes inversiones. Criticó que esta modificación podría dejar desprotegidos a los pequeños agricultores, sugiriendo un límite en el número de ejemplares por explotación, pero abogando por excepciones en ciertas especies, así como por reducir la unidad mínima de cultivo a cinco hectáreas en secano y dos en riego.

Representando a Aragón-Teruel Existe, Pilar Buj calificó la modificación como un recorte perjudicial para las granjas de ganado intensivo y cuestionó el compromiso de Vox con la agricultura social. Buj denunció que la reforma carece de objetivos claros y parece más un ejercicio de propaganda que una respuesta genuina a las preocupaciones de los agricultores.

Andoni Corrales de Podemos argumentó que la propuesta de Vox es impulsada por motivos ideológicos y que la ley vigente necesita continuidad, ya que surgió de un proceso inclusivo. Rechazó los intentos de modificarla por parte de quienes buscan imponer su agenda política.

Álvaro Sanz de IU advirtió que las fuerzas de derecha están comenzando un proceso de desmantelamiento de la ley, que busca proteger un modelo agrícola específico. Criticó a quienes pretenden modificarla sin considerar su valor en la protección de quienes sostienen el tejido rural de Aragón.

Finalmente, Alberto Izquierdo del PAR hizo un llamado a una norma más clara y operativa, destacando que ha pasado demasiado tiempo sin resolver los problemas que enfrenta el sector. Insistió en que la ley había sido perjudicial y que era esencial encontrar soluciones efectivas.