En una reunión extraordinaria celebrada en Zaragoza, el Gobierno de Aragón ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados. Esta medida aún debe ser ratificada en el Congreso, y el Ejecutivo aragonés ha indicado que también impugnará "todos los actos administrativos" que surjan de su implementación, aunque aclaran que no se piensan convertir en insumisos.

Mar Vaquero, portavoz del Gobierno aragonés, destacó en una rueda de prensa la postura de su administración, asegurando que siempre han cumplido las leyes vigentes. "No nos consideramos insumisos ni lo seremos", subrayó, reafirmando su compromiso con el marco legal.

Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, informó que el primer acto que impugnarán será el informe que deben presentar al Gobierno español sobre la cantidad de menores que tienen acogidos en cada comunidad, un dato que deben enviar antes del 31 de marzo y que todavía no han proporcionado. “No podemos hacer nuestros cálculos hasta que no sepamos cómo lo hace Cataluña”, argumentó, pidiendo uniformidad en las normas para todos.

Vaquero criticó que el decreto, que fue acordado entre el Gobierno central y Junts, se refiera a "medidas urgentes", afirmando que las verdaderas urgencias son las de las personas y los problemas políticos que enfrenta el presidente del Gobierno.

Critica, además, que se hable del interés superior del menor cuando, a su juicio, lo que realmente se persigue es el interés del presidente Sánchez por mantener su puesto en la Moncloa mediante acuerdos con los independentistas.

La portavoz también acusó al pacto con Junts de estar fundamentado en criterios "puramente xenófobos". “El Gobierno catalán claramente no quiere hacerse cargo de estos menores no acompañados”, agregó, destacando que la propuesta hecha por el Gobierno de España distribuye migrantes de manera indiscriminada entre las comunidades autónomas sin considerar aspectos humanitarios.

Vaquero defendió la necesidad de acudir al Tribunal Constitucional, afirmando que el plan propuesto socava principios de igualdad y solidaridad, y advirtió que no se está teniendo en cuenta el bienestar de los menores ni la necesidad de acuerdos previos en la Conferencia Sectorial de Inmigración, como se ha hecho anteriormente, además de la provisión de recursos adecuados para el acogimiento.

La consejera, que también ocupa el cargo de presidenta, Economía y Justicia, insistió en que la cuestión humanitaria está siendo ignorada, subrayando que el presidente Sánchez ha puesto un precio a la vida de estos menores a cambio de mantenerse en el poder.

“No podemos colaborar con un plan que consideramos perjudicial para los menores y que desafía los principios de legalidad y solidaridad”, añadió Susín, enfatizando su oposición a la medida.

En relación a la presión sobre los servicios de acogida en lugares como Canarias o Ceuta, la vicepresidenta aragonesa afirmó que estas responsabilidades recaen en el Gobierno de España, el cual ha mostrado su falta de una política migratoria efectiva y ha empujado a las comunidades a lidiar con responsabilidades que no les corresponden en condiciones difíciles.

“Es imperativo que el Gobierno de España diseñe un plan para responder a esta crisis migratoria”, concluyó, criticando la falta de acuerdos en la Conferencia Sectorial de Inmigración y resaltando la necesidad de una mayor acción centralizada.