En Zaragoza, el 27 de mayo, se ha alzado una voz que reclama un giro en la política de atención a los menores extranjeros no acompañados. David Arranz, diputado de Vox en las Cortes de Aragón, ha propuesto que el Gobierno autonómico firme acuerdos con países como Marruecos, Argelia y Malí para facilitar la repatriación y reintegración de estos jóvenes con sus familias. La declaración, vinculada a la idea de que “no somos los servicios sociales de Marruecos”, ha generado un intenso debate sobre la situación de estos menores en España.

La propuesta, que será debatida en el próximo Pleno de las Cortes, busca fomentar que se establezcan esas alianzas internacionales, asegurando que los menores regresen a sus contextos familiares y culturales. En una rueda de prensa, Arranz expuso que con esta iniciativa se pretende poner en práctica la ley que permite a las comunidades autónomas ejecutar acuerdos orientados a la atención e integración social de los niños en sus países de origen.

Según Arranz, el objetivo detrás de esta medida es velar por el interés superior del menor, asegurando que toda educación y cuidado debe ocurrir en el entorno familiar, tal como estipulan las leyes en España. El diputado de Vox lanzó una provocadora reflexión: “¿Qué pasaría si un grupo de menores de países como Finlandia o Alemania aparecieran en Aragón sin que se hubiera hecho un esfuerzo por localizar a sus padres? Sería inusual que los acogiéramos sin las debidas gestiones”, argumentó.

Añadió también que la reacción respecto a los menores de Marruecos, Argelia o Malí parece sumida en una doble vara de medir, sugiriendo que lo más adecuado sería trabajar en su reunitificación con sus familias y contextos culturales. Arranz fue contundente al aclarar que si los padres están al tanto del paradero de sus hijos, “no tenemos ninguna obligación de criarlos o educarlos”.

Aunque reconoció que es importante no asumir que todos los padres están informados sobre la situación de sus hijos, Arranz recalcó la necesidad de redimensionar los recursos dedicados a la protección de menores, dado el desbordamiento que, según él, enfrentan los actuales centros de protección. Hizo referencia a un caso reciente en Teruel, que evidenciaría una falta de seguridad en estos espacios de acogida.

Además, Arranz lanzó preocupaciones sobre el comportamiento delos menores migrantes, sugiriendo que algunos se han visto involucrados en delitos que representan un riesgo para la seguridad ciudadana. En este marco, criticó el alto costo de mantener la tutela y atención de estos menores, llamando la atención sobre la situación de pobreza que afecta a una parte significativa de la población en Aragón.

Su mensaje se extendió a la necesidad de realizar pruebas médicas que puedan autenticar la edad de estos migrantes, señalando que en muchos casos se ha comprobado que un número considerable es mayor de edad, lo que cambia su estatus legal y la obligación del gobierno de tutelarlos.

Asimismo, Arranz pidió un alto a las actividades de las organizaciones que, según él, operan como mafias en este contexto, advirtiendo que han convertido una crisis humanitaria en una oportunidad de negocio, y enfatizando la importancia de frenar este fenómeno.

Finalmente, propuso un plan claro para la repatriación de los menores extranjeros no acompañados, instando al Gobierno de Aragón a firmar acuerdos de cooperación con los países de origen y colaborar con sus sistemas de protección infantil. Arranz se mostró convencido de que se debe instar al Ejecutivo central a cumplir con los acuerdos bilaterales existentes, en particular el firmado en 2013 con Marruecos sobre inmigración y repatriación de menores.

Con un trasfondo de tensión y desafío, el diputado de Vox cerró su intervención sugiriendo que el Partido Popular debería respaldar esta iniciativa por coherencia política, especialmente después de haber firmado acuerdos presupuestarios con su partido en Valencia.