El 14 de julio, Zaragoza se convierte en el escenario de una importante revelación por parte del Gobierno de Aragón, que ha analizado un vasto conjunto de más de 17.000 encuestas dirigidas a docentes, familias, personal de administración y servicios (PAS), así como a inspectores educativos. Esta iniciativa forma parte de su esfuerzo por disminuir la traba burocrática que enfrentan las escuelas, obteniendo datos que son, sin duda, inquietantes.

Las estadísticas son claras: el 95,8% de los maestros encuestados coinciden en que la carga administrativa interfiere en su trabajo de manera constante (51,9%) o frecuente (43,9%). Estos datos surgen de un proceso participativo sin precedentes en el ámbito nacional, promovido por el Departamento de Educación, donde emerge una inquietud generalizada sobre cómo las obligaciones burocráticas dificultan su función educativa.

Un 75,6% de los encuestados considera que las tareas administrativas son poco (57,8%) o nada útiles (17,8%), mientras que solamente un 1,9% las ve como altamente beneficiosas. Esta desconexión entre la exigencia de procedimientos formales y su valor efectivo en la educación se presenta como un factor desmotivador clave para los docentes, especialmente aquellos que trabajan en Educación Primaria, donde la sensación de agobio es más pronunciada.

La percepción del exceso administrativo también afecta la satisfacción profesional: el 91,9% del profesorado manifiesta que la burocracia tiene un impacto negativo en su bienestar laboral. Las gestiones prolongadas y el estrés que generan ocupan un espacio que debería estar dedicado al alumnado, un problema que se siente con especial fuerza entre los docentes más jóvenes.

Las familias no se quedan al margen de esta problemática; un tercio de ellas, particularmente aquellas involucradas en Formación Profesional y Bachillerato, reportan sentirse abrumadas por procedimientos administrativos que, en varias ocasiones, resultan repetitivos y difíciles de seguir.

Entre las causas de esta sobrecarga burocrática se mencionan la duplicación de documentos, los cambios constantes en las normativas sin la debida capacitación y las dilaciones en los trámites administrativos, creando un escenario caótico.

Aunque la introducción de plataformas digitales ha ofrecido mejoras a ciertos docentes, su implementación no está exenta de críticas; para algunos, estas herramientas facilitan la labor, mientras que otros consideran que se han convertido en nuevas fuentes de carga.

En términos de niveles educativos, la Formación Profesional se destaca entre los más perjudicados debido a la complejidad de gestionar prácticas y convalidaciones, en contraposición a la Educación Infantil y la Educación Especial, donde la carga burocrática es percibida como relativamente menor.

Frente a esta realidad, el Departamento de Educación ya está implementando acciones concretas. Una de las primeras medidas es la modernización del proceso de comisiones de servicio, que ahora se gestiona a través de la Plataforma de Administración de Docentes del Gobierno de Aragón (PADDOC), buscando hacer más ágiles los trámites.

Con miras a abordar la reducción de la carga administrativa en las escuelas, se prevé que al inicio del próximo curso escolar se formen grupos de trabajo específicos para diseñar estructuras de solución efectiva. Este esfuerzo será coordinado por el Consejo Escolar de Aragón, asegurando que las voces de toda la comunidad educativa sean escuchadas.

Entre las iniciativas que se contemplan, destaca la simplificación de normativas, la digitalización efectiva de procesos, el fortalecimiento de los equipos administrativos y la capacitación específica para optimizar la gestión del tiempo y los recursos disponibles en los centros educativos.