ZARAGOZA, 2 de febrero. Este domingo, los sindicatos UGT y CCOO de Aragón han llevado a cabo una movilización en las tres capitales de la comunidad para manifestar su frustración ante el “uso partidista” que se está haciendo de los derechos sociales y la protección de las personas más vulnerables. Esto se produce en medio de la inquietud generada por la caída del decreto ómnibus del Gobierno que, entre otras cuestiones, contemplaba la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte y otras 27 medidas sociales de gran importancia.

Bajo el lema "Con los derechos de la gente no se juega", los representantes sindicales han instado a los partidos políticos que votaron en contra de este decreto a no convertir a la clase trabajadora, a los pensionistas y a las personas más vulnerables en "rehenes" de sus "luchas partidistas de corto alcance". Este mensaje refuerza la necesidad de priorizar los derechos de la ciudadanía sobre las disputas políticas.

Manuel Pina, secretario general de CCOO Aragón, ha puesto de manifiesto el “cabreo” y la “indignación social” que ha causado la falta de convalidación del decreto. Según él, este episodio revela un “indecente juego político” que se olvida de que lo fundamental debe ser la mejora de la calidad de vida de las personas, y en particular de las más desfavorecidas.

Con la nueva iniciativa presentada, que surge de la “presión” ejercida por las organizaciones sindicales y la sociedad civil, se ha logrado un rescate del “escudo social”, aunque queda un camino por recorrer. Pina considera que el reciente anuncio de un nuevo decreto, que fragmenta las disposiciones del anterior y agrupa muchas de las medidas sociales, no debería restar importancia a la movilización y continuará impulsando la lucha por el bienestar social.

A pesar de que la aprobación del nuevo decreto, que ha sido acordado con JUNTS y que cuenta con el respaldo del PP, proporciona cierta tranquilidad, el líder de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha subrayado que “aún queda mucho por hacer”. Su llamado a la acción se enfoca en obtener una mayoría que permita avanzar en los Presupuestos y en la reducción de la jornada laboral.

Arceiz enfatiza que no es aceptable que se juegue con los Presupuestos, especialmente cuando incluyen leyes complementarias que son fundamentales para las ayudas directas a las personas en situación de vulnerabilidad. “Es crucial contar con presupuestos que garanticen un aumento salarial para los funcionarios y mejoren los servicios públicos”, ha sostenido.

Mirando hacia el futuro, Manuel Pina también ha expresado su preocupación respecto a la negociación de los Presupuestos y la tramitación de la ley sobre la reducción de la jornada laboral. “Tememos que en los próximos meses volvamos a caer en un juego político que cause un sufrimiento considerable a quienes más lo necesitan”, ha advertido.

Sobre la reducción de la jornada laboral, Arceiz ha señalado la incongruencia de aquellos parlamentarios que, con un salario garantizado y posiblemente laborando menos de 40 horas a la semana, se opongan a esta medida. “No hay justificación” para que, después de más de 40 años trabajando 40 horas a la semana, no se avance hacia una jornada laboral más equilibrada que permita a todos disfrutar de un mejor acceso a la conciliación entre trabajo y vida personal.

En la movilización de Zaragoza, que tuvo lugar en la plaza de España, varios colectivos se unieron al reclamo, incluidos trabajadores de Correos, quienes ven con preocupación que el nuevo real decreto omitió algunas de sus demandas, que estaban presentes en el decreto anterior que no logró el apoyo necesario en el Congreso, reclamando así el mantenimiento del servicio postal universal.

Pina también ha destacado la urgencia de implementar medidas fiscales que respalden las políticas sociales y las necesidades de las empresas electrointensivas. “Las grandes industrias dependen enormemente de estas ayudas para su uso energético”, ha aclarado, lo que resalta la necesidad de un enfoque integral en la planificación política que beneficie a todos los sectores.

Asimismo, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG), su secretario general, José María Alcubierre, ha manifestado su descontento debido a que el nuevo decreto no abarca la fiscalidad agraria ni las medidas que faciliten la gestión del IVA en el sector. “La incertidumbre es una constante en nuestra actividad, y necesitamos soluciones urgentes”, ha puesto de relieve Alcubierre, subrayando que seguirán luchando por la aprobación de las medidas necesarias lo antes posible.