ZARAGOZA, 8 de octubre. En un significativo acto de unidad política, el Pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) ha dado la luz verde a una moción conjunta presentada por los grupos del PSOE y PP. Esta resolución expresa su enérgico rechazo al actual diseño de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2035, así como al Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Comisión Europea. A través de esta moción, se solicita al Gobierno español que actúe para bloquear en Bruselas cualquier propuesta que conlleve recortes en los fondos destinados a estas políticas fundamentales. La única voz disonante ha sido la de Vox, que ha votado en contra de la iniciativa.

El contenido de la moción, resultado de la fusión de propuestas previamente presentadas por los grupos socialista y popular, subraya la preocupación de que tanto la nueva PAC como el Marco Financiero Plurianual pueden comprometer gravemente la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector agropecuario en la provincia de Zaragoza. La propuesta incluye un recorte de fondos del 22%, que sus promotores consideran inaceptable.

Ante esta situación, los colectivos involucrados demandan que las instituciones de la Unión Europea revisen su propuesta y desarrollen una PAC que garantice un presupuesto adecuado y estable, asegurando la viabilidad de las explotaciones agrícolas. Además, exigen preservar la autonomía de la PAC como política comunitaria diferenciada, protegiendo así el modelo de agricultura y ganadería familiar, predominante en la región. También abogan por un rediseño más equitativo en la distribución de ayudas, priorizando a los profesionales del sector.

La moción también sugiere medidas para fortalecer el segundo pilar de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), manteniéndolos claramente separados, así como simplificar los procesos burocráticos que aturden a los agricultores. Asimismo, resaltan la necesidad de implementar eco-regímenes adaptados a las condiciones específicas del Mediterráneo y la ganadería extensiva, y de asegurar la competitividad de la producción europea frente a importaciones de países que no cumplen con estándares ambientales y laborales adecuados.

Por otro lado, se solicita al Gobierno español que impida en el Consejo de la UE cualquier propuesta que implique recortes en el presupuesto de la PAC, garantizando que las inversiones relacionadas con el segundo pilar y el fondo Fempa sean resguardadas para que lleguen efectivamente a donde más se necesitan: las comunidades rurales y el sector primario.

Durante el debate, Francisco Compés, portavoz del PSOE, enfatizó que la PAC es esencial para que los agricultores y ganaderos puedan vivir dignamente de su labor. Según indicó, la propuesta presentada por la Comisión Europea constituye un "ataque directo" a la agricultura aragonesa, por lo que instó a exigir una PAC que sea "justa, fuerte y sostenible" que mantenga su presupuesto y promueva una distribución justa de ayudas, en lugar de perpetuar la situación burocrática que aleja a los profesionales del campo de sus labores.

Maricarmen Lázaro, portavoz del PP, también se unió a las críticas, enfatizando que los recortes afectan directamente a la supervivencia rural y que la nueva propuesta de la Comisión podría acarrear graves problemas en la cadena alimentaria. Según explicó, es fundamental reforzar la colaboración en defensa del sector primario para frenar la despoblación en las áreas rurales.

A pesar del respaldo mayoritario, Vox se opuso a la moción. Su portavoz, Carlos Rodrigo, manifestó que la formación siempre estará del lado del sector primario, pero argumentó que las exigencias planteadas no resuelven las restricciones impuestas por los acuerdos en Bruselas entre PSOE y PP, y exigió una coherencia real en la defensa de los intereses del campo.

La diputada de En Común-IU, Nerea Marín, sumó su voz al rechazo de la propuesta de la Comisión Europea, advirtiendo que esta amenaza no sólo a los agricultores, sino también al equilibrio social y económico del entorno rural. Abogó por un modelo de agricultura social y familiar que priorice la dignidad laboral y la sostenibilidad.

José Manuel Latorre, representante de CHA, advirtió que las decisiones tomadas en este debate repercutirán en el futuro de muchas explotaciones agrarias y en la posibilidad de acceder a alimentos producidos localmente. Llamó a no ver las ayudas como simples subvenciones, sino como políticas estratégicas vitales para la viabilidad de miles de pequeños productores. Latorre también condenó la propuesta de Bruselas por romper un equilibrio que se había mantenido durante décadas en políticas comunitarias, exhortando a establecer límites a los grandes beneficiarios y a establecer cláusulas espejo para las importaciones.