Un nuevo informe del Ministerio de Sanidad ha puesto de manifiesto las marcadas disparidades en el acceso al aborto en España, revelando que en la última década, un abrumador 80% de los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) se realizan en clínicas privadas. Este documento, que abarca el periodo de 2015 a 2024, destaca una clara desigualdad en la oferta de servicios en el sistema público, con solo cinco comunidades autónomas logran superar el 50% de intervenciones en hospitales públicos.

Las cifras son alarmantes. Por ejemplo, Cantabria lidera con un 88.5% de abortos realizados en el sector público, seguida de Galicia y La Rioja. En contraste, la situación en Aragón es crítica, con sólo un 2.3% de los abortos llevados a cabo en hospitales del sistema público. "Es esencial que el aborto se integre plenamente en el sistema público de salud, no solo para evitar que las comunidades financien a clínicas privadas, sino para garantizar a las mujeres su derecho a esta prestación dentro de nuestra red sanitaria", expresó la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la reciente rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El informe proporciona un panorama escalofriante sobre el resto de las comunidades autónomas. Baleares, Canarias, Castilla y León, y la Comunidad Valenciana se sitúan en niveles muy por debajo, con tasas de abortos en el sector público que apenas sobrepasan el 50%. Mientras que otras como Andalucía y Madrid se encuentran entre las más rezagadas, con tasas ridículas que apenas alcanzan el 0.5% y 0.1%, respectivamente.

García hizo hincapié en que cuatro de cada cinco abortos todavía se realizan en el ámbito privado. "Si Madrid y Andalucía alcanzaran los niveles de las comunidades más avanzadas, podríamos ver un aumento significativo en el acceso a estas intervenciones", advirtió, subrayando que estas comunidades abarcan casi la mitad de todas las interrupciones en el país.

En el año 2024, se registraron 106.172 interrupciones voluntarias del embarazo, de las cuales solamente 22.563 se llevaron a cabo en centros públicos. Esta tendencia muestra un aumento del 50% en la participación del sistema público en este tipo de prestación en comparación con 2019, aunque sigue siendo insuficiente.

El informe revela que el método farmacológico se prefiere en las comunidades con mejores estadísticas en la atención pública, como Cantabria y Navarra, donde el procedimiento representa más del 70% de los casos. Por el contrario, en las regiones donde dominan las clínicas privadas, como Madrid y Andalucía, el método quirúrgico es la norma, siendo utilizado en un abrumador porcentaje de interrupciones.

El documento también critica cómo el modelo de atención influye no solo en el acceso a las IVE, sino en los procedimientos disponibles para las mujeres, proponiendo que es fundamental garantizar un acceso más equitativo y menos fragmentado. "Hoy más que nunca, necesitamos asegurar que las mujeres tengan acceso de calidad y equitativo a los abortos", reiteró la ministra García.

El informe advierte sobre el riesgo de seguir manteniendo el aborto fuera del sistema público, lo que podría llevar a una doble privatización y perpetuar el estigma asociado a estos procedimientos. Esta situación no solo afecta la atención médica en sí, sino que también limita la autonomía de las mujeres al elegir donde y cómo recibir la atención que requieren.

Un aspecto preocupante es el contraste entre la cantidad de información que reciben las mujeres en centros públicos y la real capacidad de acceder a estos servicios, ya que muchos deben recurrir a opciones privadas. García explicó que, aunque centralizar la atención puede ofrecer protocolos consistentes, también puede forzar a las mujeres a desplazarse, lo que a menudo genera dificultades adicionales.

Aunque no existen sistemas perfectos, el informe destaca la urgencia de abordar estas inconsistencias en el acceso y la atención. Se mencionan varias buenas prácticas que podrían ser adoptadas para mejorar el servicio, incluyendo un manejo adecuado de la objeción de conciencia y la implementación de procedimientos estandarizados que garanticen la atención a todas las mujeres.

Entre las medidas recomendadas figura la creación de registros de objecores de conciencia en todas las comunidades autónomas y la incorporación de equipos médicos que no se acojan a estas objeciones en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud. Además, se aboga por la normalización del aborto como parte de la atención habitual del SNS, resaltando la eficacia y seguridad del método farmacológico.

En conclusión, la ministra reiteró que el próximo desafío es extender estas prácticas a las comunidades que aún están rezagadas, especialmente a aquellas que concentran una gran cantidad de interrupciones, con el fin de cumplir con la ley y garantizar la equidad en el acceso al aborto en todo el país.