El Gobierno español ha dado un paso decisivo al aprobar la declaración de zona gravemente afectada por la reciente DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) en varias comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón. Esta medida, adoptada durante el Consejo de Ministros del pasado martes, habilita un decreto ley urgente que incluye un conjunto de ayudas económicas, laborales y fiscales destinadas a apoyar a los afectados.

El presidente Pedro Sánchez ha presentado el plan, que llevará por nombre "Plan de Respuesta Inmediata, Reconstrucción y Relanzamiento de la Comunidad Valenciana", asegurando que se destinará una inversión total de 10.600 millones de euros en estas primeras medidas. Sánchez ha explicado que este plan se desarrollará en tres fases: la respuesta inmediata, la reconstrucción de las zonas afectadas y, finalmente, la fase de relanzamiento y transformación, que es esencial para afrontar la emergencia climática que afecta especialmente a la región del Mediterráneo.

El mandatario ha enfatizado que el plan “durará el tiempo que sea necesario para recuperar la normalidad en todo el territorio afectado”, reafirmando que todas las acciones que se emprendan en las próximas semanas y meses se enmarcarán dentro de este esquema. Según Sánchez, el primer paquete de medidas está diseñado para auxiliar a los hogares, empresas y a las administraciones locales de los 75 municipios que han sufrido el impacto de la DANA, con la posibilidad de ampliar estas ayudas a otros municipios dependiendo de las necesidades identificadas.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la creación de una comisión interministerial que se encargará de coordinar las labores de reconstrucción y relanzamiento, abarcando las fases dos y tres del plan. “Abriremos espacios de interlocución con la ciudadanía afectada y con todos los niveles de administración para asegurar que se escuchen todas las voces en este proceso”, ha subrayado Sánchez.

Además, el Gobierno ha tomado la iniciativa de fortalecer las relaciones de cooperación con los gobiernos autonómicos, centrándose especialmente en la Generalitat Valenciana. En un esfuerzo por obtener más recursos, se ha solicitado formalmente ayuda al Fondo Europeo de Solidaridad de la Comisión Europea, así como la aprobación urgente de un nuevo reglamento denominado Restore, que permitirá reprogramar los fondos de cohesión para abordar los daños causados por los desastres naturales.

Sánchez ha declarado que “España siempre ha sido un socio constructivo en la Unión Europea”, y es el momento de que la UE devuelva ese apoyo a España en esta difícil situación. Las medidas aprobadas son de carácter urgente y muchas de ellas estarán disponibles para solicitar desde el mismo día de su anuncio. El Consorcio de Compensación estima que estas compensaciones podrían alcanzar la cifra inédita de 3.500 millones de euros, con más de 70.000 solicitudes ya recibidas.

“En una semana, a partir de mañana, se podrán empezar a transferir muchos de los recursos disponibles”, ha agregado el presidente, quien también anunció que la página web de La Moncloa ofrecerá un desglose detallado de todas las medidas y criterios de acceso a las ayudas. Estas medidas se basan en la experiencia del Gobierno en la gestión de crisis, como la respuesta a la pandemia de COVID-19 y la erupción del volcán de La Palma.

El Ejecutivo ha decidido implementar ayudas directas que buscan minimizar la burocracia y asegurar agilidad en su ejecución. En concreto, se destinarán hasta 72.000 euros para casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas, y hasta 10.300 euros para la reposición de muebles y electrodomésticos perdidos. También se contemplan ayudas para la reparación de elementos comunitarios, como portales y ascensores.

Además, se otorgarán ayudas directas por un total de 838 millones de euros para pequeños y medianos empresarios y trabajadores autónomos que operen en las áreas afectadas. Sánchez ha señalado que se espera beneficiar a cerca de 65.000 autónomos y 30.000 empresas con esta iniciativa.

En un esfuerzo por reforzar los recursos financieros y humanos de los ayuntamientos perjudicados, el Gobierno ha anunciado que asumirá la totalidad de los gastos de emergencia que estos municipios incurra debido a la DANA. Esto incluye los costos asociados a la eliminación de escombros, la limpieza de calles, y el suministro de agua potable, permitiendo que los alcaldes de diversas sensibilidades políticas puedan atender las necesidades de sus comunidades de manera eficaz.

El Gobierno también cubrirá hasta el 50% de las obras necesarias para reparar infraestructuras y instalaciones en los próximos meses y años, con el objetivo de facilitar la rápida recuperación de la normalidad en los municipios afectados. Se implementará un portal de emergencias registrales para que los ciudadanos puedan certificar fácilmente la ubicación de sus bienes inmuebles, y se abrirán oficinas de refuerzo en los municipios impactados para agilizar la atención y los trámites burocráticos necesarios.