
Teruel, 26 de julio. En una próxima sesión del pleno del Ayuntamiento, programada para el 28 de julio, el grupo municipal de Vox presentará una propuesta que exige al Gobierno de Aragón cerrar de forma permanente el centro de acogida para menores migrantes ubicado en la calle Comadre de Teruel.
La concejal Verónica Luz ha hecho hincapié en que el reciente incendio, que ocurrió entre el 17 y el 18 de julio, es solo una manifestación de un problema mucho más profundo. Según Luz, las situaciones de violencia y las peleas que han protagonizado algunos de estos jóvenes migrantes han sido una realidad constante en la zona.
Luz ha instado a que, una vez se completen las reparaciones necesarias en el edificio afectado, este nunca más debería ser utilizado como un refugio para la inmigración irregular, señalando los riesgos que esto representa tanto para los residentes locales como para los trabajadores del centro. Recordó que dos personas resultaron heridas a causa de la inhalación de humo, siendo una de ellas ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
La concejal de Vox ha expresado su frustración por la indiferencia que han encontrado en diversas ocasiones al advertir sobre los peligros que conlleva alojar a inmigrantes irregulares en la comunidad. Alega que sus advertencias han sido recibidas con críticas y etiquetas de 'alarmistas' por parte de otros sectores políticos.
Además, Luz ha resaltado que se registró un intento de agresión sexual por parte de uno de los menores acogidos hacia una trabajadora del centro y ha denunciado que ni la izquierda ni el Gobierno de Aragón han abordado la seriedad de estos incidentes, que han sido minimizados.
La edil ha subrayado que no следует permitir la entrada o la permanencia de inmigrantes irregulares en el país, y ha criticado que no se realicen las pruebas forenses pertinentes para comprobar la edad de estos jóvenes, lo que dificulta una correcta evaluación de las situaciones que se presentan.
Finalmente, Verónica Luz ha reafirmado que los recursos de los servicios sociales de Aragón deben centrarse prioritariamente en las necesidades de los ciudadanos españoles y aquellos que contribuyen legalmente a la sociedad, en lugar de atender a quienes están en una situación irregular.
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