ZARAGOZA, 14 de agosto. En un operativo que enfatiza la importancia de la ética en la medicina veterinaria, el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha emprendido una investigación que involucra a nueve individuos y dos empresas, ante la sospecha de irregularidades en la vacunación y la venta de medicamentos en las provincias de Zaragoza y Huesca.

El proceso de investigación ha revelado preocupaciones sobre un posible delito de intrusismo profesional, falsedad en documentos y la implicación en una organización criminal. La Guardia Civil puso en marcha esta indagación tras recibir información sobre una cartilla sanitaria canina que parecía haber sido emitida y utilizada de manera fraudulenta por un núcleo zoológico.

En junio, agentes de SEPRONA de Zaragoza detectaron una cartilla que incluía vacunaciones registradas en mayo de 2024, firmadas por un veterinario cuya identidad permanece desconocida, sin número de colegiado. Esta irregularidad disparó las alertas y llevó a los agentes a realizar una inspección minuciosa en las instalaciones del centro canino.

Durante la revisión, los agentes intervinieron dos cartillas sanitarias de perros que mostraban registros de vacunaciones sin la debida certificación del veterinario correspondiente. Las declaraciones de los empleados de una clínica veterinaria y del veterinario oficial del núcleo zoológico confirmaron que no habían administrado las vacunas mencionadas, lo que añadió más dudas a la situación.

En un paso adicional, los agentes visitaron dos establecimientos dedicados a la venta de animales, interrelacionados con el núcleo zoológico, y llevaron a cabo análisis de la documentación de los animales. Allí, descubrieron que las cartillas de salud de los cachorros provenientes del centro en cuestión carecían de la identificación del veterinario responsable de las vacunas.

Además, se realizaron inspecciones en dos distribuidoras de medicamentos veterinarios en Zaragoza, cuyos representantes negaron haber proporcionado productos al centro canino o a sus asociados. Estas verificaciones fueron cruciales para comprender la red de irregularidades.

Los hallazgos permitieron al SEPRONA confirmar que no solo las vacunas registradas en las cartillas sanitarias carecían de respaldo por parte de un veterinario colegiado, sino que tampoco existían las facturas correspondientes a la adquisición de esos medicamentos. Como resultado, se identificaron y sometieron a investigación a un total de nueve personas, entre ellas, dos veterinarios, tres criadores de perros y tres gerentes de distribuidoras, así como a un operador de un establecimiento de venta de animales, además de las dos empresas de distribución.

Este caso subraya la necesidad de una vigilancia más estricta en el sector veterinario, puesto que estas prácticas no solo van en contra de la ley, sino que también ponen en peligro la salud de los animales bajo su cuidado.