ZARAGOZA, 24 de octubre.

El debate sobre la gestión del Sistema Nacional de Salud (SNS) se intensificó este viernes tras la decisión de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de abandonar el Pleno del Consejo Interterritorial. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, argumentó que este órgano se ha desvirtuado y ya no cumple su propósito inicial de fomentar el consenso y el diálogo para el mejoramiento de la salud pública.

Durante una conferencia de prensa, acompañado por sus colegas del PP, Vázquez criticó abiertamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, por lo que considera una falta de respeto y una intromisión en las competencias de las comunidades. Según él, la ministra ha intentado, de manera poco elegante, manipular los resultados de las reuniones, descuidando la necesidad de un diálogo constructivo que desde su creación ha sido vital para la cohesión del sistema sanitario.

Para el consejero, la ministra solo busca utilizar el Consejo para beneficiarse políticamente y aseguró que las comunidades autónomas bajo el mando del PP no han escatimado esfuerzos al presentar datos sobre cribados de cáncer, subrayando su disposición a contribuir con cifras que puedan ser útiles.

Vázquez enfatizó que el Ministerio no ha realizado el trabajo necesario en la Ponencia de Cribados, resultando en discusiones vacías sobre indicadores aún no acordados. Criticó el enfoque que ha adoptado García, a la que acusó de manipular la información de manera “indecente” para favorecer su agenda política.

El consejero hizo un llamado a la ministra para que reconsidere su postura y busque un camino hacia el diálogo y el consenso en el Pleno. Aseguró que quedan cuestiones cruciales por abordar y que es esencial que las decisiones sean el resultado de un trabajo conjunto, no de imposiciones ilusorias promovidas de forma unilateral.

En relación a comentarios previos de la ministra sobre la “sobremesa” entre los consejeros del PP, Vázquez explicó que, contrario a lo que sugirió García, ellos asistieron a una cena organizada por su homólogo aragonés, mientras que la ministra llegó con un grupo considerable de personas, lo cual podría interpretarse como una falta de profesionalismo.

El consejero instó a un cambio en la forma de gestionar el Consejo y reafirmó que los consejeros del PP están comprometidos con el bienestar de los usuarios del SNS. Vázquez manifestó que los recientes acontecimientos han llevado la situación a un punto crítico, haciendo referencia a lo que él considera una utilización partidista de los asuntos relacionados con la salud pública.

Otros temas, como la escasez de profesionales de salud especializados, siguen sin ser tratados a fondo, y la ministra ha evadido discusiones sobre esos desafíos clave. Ante esto, los consejeros no vieron otra opción que levantarse y abandonar la reunión.

Para añadir más a la controversia, Vázquez reveló que el director general de Salud Pública había comunicado, vía mensaje, que no habría fondos destinados a la vigilancia del cáncer, aunque posteriormente intentó corregir la situación reconociendo su error, lo que llevó a más desconfianza respecto a la gestión del Ministerio.

Fuentes del PP señalaron que esta decisión de abandonar el Consejo responde al "caos" generado por el Gobierno, que, según afirman, está usando las instituciones para polarizar la relación con las comunidades autónomas. El PP presentó un manifiesto formal en el que explicaba sus motivos y exigía un retorno a un enfoque institucional sin sectarismos en temas tan cruciales como la salud pública.

El Partido Popular expresó su alarma ante las desavenencias que podrían deriva de la falta de aprobación de los presupuestos por parte del Gobierno de Sánchez, lo que podría comprometer financiamientos vitales para el SNS. Según reportes, el director general de Salud Pública envió un correo sobre recortes en transferencias para sanidad, una decisión que parece haber causado estragos en la relación entre el Ministerio y las autonomías.

El PP criticó duramente la estrategia del Gobierno de jugar con fondos públicos en sus disputas internas, lo que provoca incertidumbre tanto entre las comunidades como entre los profesionales de la salud. Además, sugirieron que, si efectivamente había una intención de bloquear estas transferencias, es una clara señal de que se están atacando los principios del Estado del Bienestar que el Gobierno dice defender.

La situación presenta un desafío significativo, y como consecuencia de todos estos acontecimientos, las comunidades autónomas exigen mayor responsabilidad por parte del Gobierno, resaltando la necesidad de un enfoque colaborativo que respete los derechos de todos los ciudadanos.