ZARAGOZA, 23 de octubre. La controversia en torno a la Ley de Movilidad Sostenible se intensifica en Aragón, tras la advertencia del diputado del Partido Popular (PP), Luis María Beamonte, sobre sus efectos "devastadores" en la región. Según sus cálculos, un total de 151 municipios, que albergan a 134.000 habitantes, perderán acceso a paradas de autobús, lo que dejará a alrededor de 25.000 viajeros anuales en la comunidad en una situación complicada.

Durante una rueda de prensa, Beamonte cuestionó la narrativa del Gobierno español, que promociona la ley como un avance hacia un futuro “moderno y verde”. A su juicio, esta legislación está marcada por el centralismo y la ideología, ya que no garantiza a las compañías de transporte la obligación de mantener las paradas actuales. Al contrario, remarcó que el artículo 49 de la ley deja esta decisión en manos de las concesionarias, mientras que se penaliza el uso del transporte privado.

Debido a estas preocupaciones, el Grupo Parlamentario Popular ha planteado una enmienda total a la ley, argumentando que la propuesta original no aborda las carencias reales en el sistema de transporte y fue tramitada de forma acelerada, sin diálogo ni consenso, lo que resulta en una disminución de la movilidad en la España rural.

Beamonte ha tachado de “imposición” a esta norma, sugiriendo que se trata de un intento del Gobierno de España por satisfacer a sus aliados políticos. Destacó que incluso el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha admitido que la ley no era auténticamente suya.

El diputado del PP subrayó que el diseño del nuevo mapa concesional representa un "fracasado" intento que podría dejar a tres millones de personas sin el único medio de transporte público que poseen. Según sus datos, la nueva legislación eliminaría el 75% de las paradas existentes, reduciendo de 1.912 a 495, y el número de rutas de 966 a 510, además de disminuir los contratos de 79 a 22.

Beamonte advirtió que esta reducción desembocará en un aumento del aislamiento y la desigualdad en Aragón, afectando directamente a 151 municipios. Más de 134.000 aragoneses se verían despojados de la posibilidad de utilizar estos servicios, lo que equivale a unos 25.000 viajeros anuales.

De acuerdo con la información proporcionada por el PP, en Zaragoza, más de 74.000 habitantes de 39 municipios se quedarán sin acceso a los autobuses, afectando a viajeros de localidades como Cuarte de Huerva, Alagón y Borja. En Huesca, la situación es similar con 50 municipios y una población de 26.500 personas, donde más de 13.300 vecinos de localidades como Zaidín y Benabarre se verán perjudicados. En Teruel, 62 municipios, que suman alrededor de 34.000 habitantes, también enfrentarán la cesión de paradas, afectando a más de 9.500 usuarios de lugares como Calanda y Utrillas.

Beamonte indicó que, en muchas de estas localidades, el autobús es esencial para facilitar la movilidad, especialmente para personas mayores y dependientes, quienes dependen de este medio para acceder a servicios médicos, educativos o laborales.

Ante la situación, el PP ha presentado un conjunto de 95 enmiendas para asegurar la protección de paradas, horarios y frecuencias de los servicios actuales, con el objetivo de evitar que ningún pueblo se quede sin transporte a causa de decisiones económicas.

La formación también ha solicitado una financiación completa del Estado para aquellas paradas que sean eliminadas por cuestiones técnicas y cuyo costo se transfiera a las comunidades autónomas. Este enfoque contrasta con la propuesta del Gobierno central, que solo cubriría una parte durante un período determinado.

El PP tiene en mente un plan de movilidad que asegure recursos presupuestarios a provincias que carecen de infraestructura adecuada, como Teruel, para modernizar tanto carreteras como servicios de transporte, además de incentivar la renovación del parque automovilístico en lugar de criminalizarlo.

A juicio de Beamonte, esta legislación profundiza la brecha entre las regiones con acceso a transporte y aquellas que carecen de alternativas, dividiendo así a España entre los que tienen y los que no. A la vez, criticó al PSOE por su pretensión de cohesionar el país mientras que, en realidad, desconecta a las zonas rurales.

Su crítica se extendió a Vox, que no apoyó las enmiendas del PP ni presentó ninguna alternativa, algo que Beamonte consideró poco constructivo. Asimismo, reprochó al diputado de CHA, Jorge Pueyo, quien afirmó que la financiación del Estado cubriría todo, señalando que sus declaraciones carecían de fundamento.

El PP, afirmó Beamonte, persistirá en su labor en el Senado buscando enmendar esta ley, defendiendo la equidad del derecho a la movilidad como un privilegio para todos, no solo para unos pocos.

Por su parte, Beamonte ha reconocido que el Gobierno de Aragón está tomando medidas para abordar esta cuestión. Se ha puesto en marcha un nuevo mapa concedido que refuerza el acceso al transporte en toda la comunidad, con la inclusión de 300 autobuses accesibles y 390 rutas que ofrecerán más de 1.300 servicios diarios, atendiendo a más núcleos de población que antes, con un incremento del 15% en la oferta y una rebaja del 10% en la tarifa media.

A pesar de estos esfuerzos, Beamonte apuntó que el nuevo plan autonómico implicará un aumento del 39% en los kilómetros recorridos respecto a la actualidad, en contraposición a las previsiones estatales que contemplan una reducción del 31% en esta materia. El incremento de frecuencias alcanzará un 21% en Aragón, mientras que el Estado disminuirá su oferta.

Finalmente, Ramón Celma, presidente del PP en Zaragoza, expresó su frustración señalando la inacción de la ministra Pilar Alegría, a quien instó a defender los intereses de Aragón ante recortes que impactan significativamente en los servicios esenciales para sus habitantes. Celma criticó la falta de respuesta de Alegría ante esta problemática, exigiendo una postura firme que priorice las necesidades de las comunidades locales.