ZARAGOZA, 24 de julio. La Audiencia Nacional ha rechazado los recursos contencioso-administrativos que había interpuesto el Gobierno de Aragón en relación a las convocatorias realizadas por el Ministerio de Juventud e Infancia para tratar el tema del reparto de menores migrantes no acompañados, llevadas a cabo el 28 de abril y el 5 de mayo.

De acuerdo con la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, Aragón pedía al tribunal que, antes de abordar el fondo del asunto, evaluara si las decisiones que impugnaba eran inconstitucionales, ya que consideraba que ambas convocatorias, incluida la que fue pospuesta debido a un apagón, no se ajustaban a la legalidad.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha argumentado que carece de jurisdicción para determinar la constitucionalidad de un decreto ley, basándose en el Real Decreto-ley 2/2025 del 18 de marzo. Este decreto establece medidas urgentes para garantizar el interés superior de la infancia ante situaciones migratorias excepcionales y no se refiere a la legalidad específica de la convocatoria en cuestión.

Asimismo, la Abogacía del Estado ha señalado que las convocatorias de la Conferencia Sectorial son meramente actos de trámite, lo que hace que el recurso presentado por Aragón sea, a su juicio, inadmisible. Como consecuencia de esta decisión, se han impuesto a la Comunidad Autónoma costes judiciales que ascienden a 3.000 euros.

Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, ha declarado a la prensa que la decisión de la Audiencia Nacional era esperada. Sin embargo, ha enfatizado que el Gobierno de Aragón continuará impugnando cualquier decisión derivada de un real decreto que consideran inconstitucional y arbitrario.

La consejera también ha señalado que el verdadero propósito del Real Decreto es beneficiar a los aliados de Pedro Sánchez en lugar de centrarse en el interés superior de los menores, que debería ser la prioridad en estas situaciones, en línea con lo que demandan las comunidades autónomas.

Susín ha reafirmado el compromiso del Partido Popular con el respeto a las resoluciones judiciales, deseando que este principio sea igualmente seguido por la izquierda. Además, ha aclarado que la razón por la que la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso es que no puede incursionar en el fondo del asunto, cuyo análisis corresponde al Tribunal Constitucional.

Finalmente, la consejera ha dejado claro que la posición de Aragón se mantendrá inalterada tras esta decisión judicial y que la apelación contra el Real Decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados sigue en manos del Tribunal Constitucional.