ZARAGOZA, 22 de julio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está en el centro de atención tras su reciente intervención en el ciclo de charlas 'Vecinos y amigos' en Zaragoza. Durante su discurso, dejó claro que, a su juicio, el gobierno de Pedro Sánchez encarna una filosofía de "empate" que ha debilitado a la nación y cuestionó la legitimidad de su mandato al plantear que está manchado por "tramas de corrupción".

En relación al escándalo conocido como el caso Montoro, Ayuso lo criticó enérgicamente, destacando que es inaceptable el uso de la Agencia Tributaria en este contexto. Alertó sobre las consecuencias devastadoras que ha tenido esta situación en la vida de muchas personas que se han visto arruinadas, y pidió que se compense a quienes han sufrido daños tanto económicos como en su reputación a causa de estas prácticas.

Seguidamente, la presidenta hizo una distinción entre diferentes formas de corrupción, señalando la necesidad de diferenciar entre ladrones y corruptos. Puso particular énfasis en el caso de Andalucía, donde la corrupción ha sido estructural y ha condenado a la región a niveles de desempleo alarmantes durante décadas. Reiteró que en estas circunstancias es crucial llevar a los culpables ante la justicia.

Adentrándose en el tema de la autonomía y el financiamiento, Ayuso califica la situación del cupo catalán como una "tremenda vergüenza", argumentando que la creación de estructuras paralegales corre el riesgo de fragmentar la cohesión nacional. Marcó un claro desafío contra lo que considera una falta de respeto a la Constitución, que debería unir a todos los españoles, y no dividir a las comunidades.

La postura de Ayuso sobre la financiación de las comunidades autónomas difiere significativamente de anteriores modelos como el de Zapatero, afirmando que cada región debería tener en cuenta sus propias circunstancias. En este sentido, expresó preocupación por la infrafinanciación de Madrid y planteó inquietudes sobre cómo se gestionará el crecimiento poblacional sin una asignación adecuada de recursos.

La presidenta contrapuso su visión a la creación de Haciendas regionales, sugiriendo que esto sería un despropósito, y abogó por una mayor cohesión nacional, rechazando las políticas que favorecen un enfoque "territorialista". Defendió que la soberanía pertenece al pueblo español y no a un conjunto de intereses regionales.

Respecto a la seguridad social y la situación en el País Vasco, Ayuso destacó la preocupación por la fragmentación de derechos y competencias que, a su juicio, socavan la unidad del país. Hizo hincapié en que estas dinámicas buscan alimentar el poder, a expensas de los derechos de los ciudadanos.

En el ámbito nacional, subrayó que el Partido Popular debe adaptarse y responder a las preocupaciones de los jóvenes y de aquellos que sufren el abandono de inversiones, apelando a la necesidad de elecciones anticipadas como un paso hacia el cambio.

Al comentar sobre el trato que recibe de otros partidos, Ayuso indicó que ha aprendido a no victimizarse ante los ataques del PSOE, reflejando su convicción de que se debe priorizar el bien de España sobre intereses personales o partidistas.

La presidenta también abordó la complejidad de la inmigración, sugiriendo que debería gestionarse de forma ordenada, teniendo en cuenta las diferencias culturales y la necesidad de integración en la sociedad española. En relación a los menores migrantes de Canarias, mostró preocupación sobre cómo se están manejando sus casos y la falta de un enfoque claro que contemple los valores compartidos.

Finalmente, Ayuso concluyó lamentando que muchas inversiones vitales para el crecimiento de Madrid y del país en general están siendo obstaculizadas por el gobierno central. Cuestionó cómo Aragón y otras regiones podrían prosperar si se levantara la "barrera" impuesta por las políticas gubernamentales actuales.