El Gobierno aragonés muestra su descontento con los resultados finales de la financiación autonómica de 2023.

ZARAGOZA, 23 de julio. La indignación se ha hecho eco en el Gobierno de Aragón tras la reciente revelación de los datos definitivos sobre el Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas para el año 2023, que han dejado al descubierto un nuevo recorte en los fondos destinados a esta Comunidad.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, Aragón verá reducir su asignación a 120,8 millones de euros, en comparación con los 125,7 millones previstos el año anterior. Esta disminución representa una clara injusticia en la distribución de recursos que le corresponden legítimamente a la Comunidad.
Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno aragonés, ha manifestado su profunda preocupación ante lo que considera un golpe adicional a la financiación de la comunidad. "Este recorte forma parte de una tendencia preocupante", ha señalado, subrayando que este ajuste conlleva una reducción de 4,9 millones respecto a lo que había prometido el Gobierno central.
Este último recorte se suma a una serie de ajustes sucesivos que el Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de María Jesús Montero, ha ido imponiendo en cada revisión de los recursos asignados a Aragón, creando un clima de tensión creciente.
En junio, un Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros ya había causado un recorte adicional de 7 millones de euros, una medida que el Ejecutivo autonómico tildó de injusta y que fue denunciada públicamente. Además, se constata que, mientras solo Aragón y Extremadura enfrentan reducciones, el resto de las comunidades autonomías experimentan un aumento notable del 2,56% en sus ingresos.
En términos acumulados, los recortes impuestos por el Gobierno central a Aragón suman ya un alarmante total de 97,5 millones de euros para 2025 comparado con las asignaciones de 2024, lo que representa un daño considerable a la financiación de los servicios públicos esenciales que mantiene el Gobierno aragonés.
“Es un verdadero atropello hacia los intereses de Aragón. Mientras que con una mano se fortifica la Hacienda pública en Cataluña, con la otra se recorta la financiación en 100 millones de euros para Aragón”, enfatizó Bermúdez de Castro.
El Ejecutivo regional no descarta la posibilidad de llevar este conflicto a los tribunales en busca de una solución, al mismo tiempo que exige una revisión exhaustiva de los criterios utilizados en estos recortes, dado que se han detectado discrepancias significativas en los cálculos.
Asimismo, se suma a esta problemática un incumplimiento del compromiso por parte del Ministerio respecto a los atrasos de las entregas a cuenta, que debían haberse depositado el 18 de julio y que ascienden a 61,5 millones de euros mensuales. Ahora, se ha pospuesto el ingreso al 30 de julio, sin ninguna aclaración o garantía por parte del Ministerio.
A lo largo de este proceso, el Ministerio aún no ha proporcional información sobre la previsión de ingresos del Sistema de Financiación Autonómica para 2026, un dato que se considera vital para establecer el techo de gasto y elaborar los presupuestos de la Comunidad Autónoma, lo cual ha llevado a Bermúdez de Castro a solicitar esta información urgentemente a la ministra Montero, sin obtener respuesta hasta el momento.
El consejero ha reiterado la necesidad de que se remita de forma urgente la información referente a las entregas a cuenta para el ejercicio 2026 y la liquidación esperada para 2024, recordando que estos datos son esenciales para poder diseñar el gasto autonómico para el próximo año.
El Gobierno de Aragón sostiene que estos acontecimientos ponen de manifiesto la apremiante necesidad de reformar el Sistema de Financiación Autonómica, incorporando criterios de equidad que permitan a la Comunidad garantizar un nivel de ingresos justo y suficiente para mantener los servicios públicos fundamentales en condiciones adecuadas.
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