La consejera de Bienestar Social y Familia de Aragón, Carmen Susín, ha manifestado la intención del Gobierno aragonés de solicitar que Cataluña asuma la responsabilidad del menor implicado en el incendio del centro de acogida de Teruel, conocido como Masía La Roya, si así lo determina un juez.

En una reciente rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Susín ha destacado que Aragón podrá gestionar la llegada de 251 menores migrantes no acompañados de Canarias gracias a una inyección económica de más de 3 millones de euros proporcionada por un Real Decreto Ley. Esta medida es temporal y está diseñada para cubrir un plazo de 90 días, lo que plantea serias interrogantes sobre la viabilidad del sistema en el largo plazo.

Susín ha criticado la forma en que se ha calculado el financiamiento para la acogida de estos menores. Hasta ahora, el Gobierno central cubría 145 euros diarios por cada menor durante un año, pero según el nuevo decreto, solo se asignarán 35 euros al día para cada uno de los 251 menores que llegarán, además de una pequeña suma de 300,000 euros que reconoce la saturación de los servicios de protección en la comunidad aragonesa.

El Ejecutivo de Aragón ha decidido impugnar el Real Decreto y ha solicitado todos los documentos necesarios, incluido el informe del Consejo de Estado que acompaña a la normativa. Su objetivo es alcanzar un acuerdo que respete las competencias de las comunidades autónomas y no divida a las regiones ni favorezca intereses políticos específicos.

Sobre el incidente en Teruel, la consejera ha enfatizado que la causa del incendio ha sido investigada y se concluyó que fue provocado por un menor que reside en el centro. La Fiscalía ha tomado medidas para que este menor cumpla un régimen de internamiento hasta que se lleve a cabo el juicio correspondiente.

A pesar de la petición de Aragón para que Cataluña se hiciera cargo del menor, la respuesta de la administración catalana fue la falta de disposición para trasladar al joven a Teruel. Susín ha indicado que, una vez se emita la sentencia, la Generalitat de Cataluña deberá asumir la condena y financiar la rehabilitación del centro afectado.

La consejera también ha subrayado que el Gobierno aragonés solo tiene la custodia temporal del menor y no su tutela, lo que refleja cómo la crisis de los menores migrantes se manifiesta en diversas formas, incluyendo llegadas en familia o transiciones entre comunidades autónomas.

Susín ha criticado la actual política del Gobierno español, sugiriendo que la falta de un control adecuado sobre la llegada de menores está generando un efecto llamada que no solo complica la vida de estos jóvenes, sino que también está sobrecargando los sistemas de protección en las comunidades autónomas. Ha señalado que hay distintos perfiles entre los menores, y las necesidades de algunos requieren atención y procedimientos específicos.

La titular de Bienestar Social ha hecho un llamado a la atención del Gobierno central, argumentando que su responsabilidad es abordar el problema de manera integral, dado que las comunidades autónomas no están completamente equipadas para tratar con todos los perfiles de menores que están llegando.

Además, ha señalado que muchos menores, a menos que estén bajo un régimen judicial de reforma, viven en centros abiertos y pueden llevar una vida casi normal. Sin embargo, también debe considerarse que existen jóvenes con trastornos de conducta que no pueden integrarse fácilmente en un ambiente de protección estándar.

Susín ha concluido su intervención haciendo hincapié en que la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón necesita ajustes para adaptarse a las necesidades actuales de los diversos perfiles de menores, admitiendo que muchas veces la intervención judicial se complica bajo un marco legal que prioriza la protección.