En la ciudad de Zaragoza, el próximo Pleno de las Cortes de Aragón se convertirá en un escenario clave para el debate sobre la conciliación familiar, ya que Izquierda Unida presentará una proposición no de ley para exigir al Gobierno autonómico que cese la "propaganda" en favor de la educación concertada y tome medidas efectivas que aseguren el derecho a la conciliación para las familias aragonesas. Este planteamiento surge en respuesta a la reciente decisión de eliminar las aulas de tarde en los centros educativos para el curso 2025-2026, una medida que, según IU, contradice las narrativas oficiales sobre conciliación y corresponsabilidad.

Álvaro Sanz, portavoz de Izquierda Unida Aragón, ha criticado con firmeza estas decisiones, señalando que la eliminación de las aulas de tarde resulta inconsistente con la Estrategia para la conciliación y corresponsabilidad presentada por el propio Gobierno. “Es inexplicable que se renuncie a recursos vitales en un contexto donde se necesita fortalecer la red de apoyo a las familias”, ha manifestado Sanz.

Izquierda Unida ha subrayado en su propuesta que la Estrategia reconoce la existencia de una "grave carencia" en la infraestructura pública de cuidado en Aragón, especialmente en lo que respecta a la atención a la infancia y a personas dependientes. También se destaca que muchas familias se ven limitadas en su acceso a estos servicios por motivos económicos, geográficos o administrativos, lo que evidencia la necesidad urgente de una respuesta adecuada por parte del gobierno regional.

En este sentido, el diputado ha enfatizado que en lugar de fortalecer estos recursos, el Gobierno ha decidido recortar. Por ello, IU llama al Ejecutivo a mantener las aulas de tarde de forma gratuita en aquellos centros que lo han solicitado, extender la oferta de aulas de madrugadores e impulsar una evaluación completa de los recursos de conciliación antes de finalizar 2025. Además, se propone la creación de un plan específico para 2026 que busque optimizar y ampliar estos recursos con una financiación pública adecuada, incluyendo partidas claras en los presupuestos autonómicos para el desarrollo del sistema público de cuidados.

Finalmente, Sanz ha hecho hincapié en que "la conciliación no debe estar determinada por la situación económica ni por el código postal de cada familia". En su opinión, este asunto es de justicia social y requiere un compromiso real por parte de las instituciones. “Si el Gobierno de Aragón realmente se toma en serio su estrategia, debe comenzar a dotarla de los recursos necesarios y evitar recortes que afectan negativamente a las familias en condiciones más vulnerables”, ha concluido el portavoz de IU.