La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado al Ministerio del Interior que se otorguen incentivos económicos y se reconozca la profesión de riesgo para la Guardia Civil en el ámbito rural de Aragón.

La asociación ha manifestado su compromiso con la defensa de los derechos laborales, sociales, profesionales y económicos de los agentes de la Guardia Civil en Aragón, siendo la organización con mayor número de afiliaciones dentro del cuerpo.

AUGC considera que es necesario que las instituciones pasen de las palabras a los hechos, implementando incentivos económicos y profesionales en las tres provincias aragonesas. En estas áreas, es más complicado completar el Catálogo de Puestos de Trabajo debido a la dificultad de presencia en el territorio.

En cuanto a las vacantes, AUGC ha destacado que se publicaron 79 en la provincia de Huesca, 69 en Teruel y 66 en Zaragoza en el último anuncio, aún sin resolver hasta febrero/marzo.

La asociación exige la creación del Puesto Principal de Utebo, que ha sido reclamado durante años, además de un replanteamiento en el despliegue territorial con unidades de al menos 40 agentes para lograr una mayor presencia y conciliación laboral adecuada.

AUGC recuerda que el Ministerio del Interior ha implementado un plan temporal debido a la grave falta de agentes en las zonas de la llamada "España Vaciada".

Para la asociación, es crucial garantizar condiciones laborales justas, equiparación salarial y reconocimiento de derechos profesionales para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en línea con lo que se otorga a otros cuerpos de seguridad.

Según AUGC, el Ministerio del Interior aún no ha cumplido con cuestiones fundamentales para los guardias civiles y la policía, como el cumplimiento íntegro de las cláusulas tercera y octava del Acuerdo de Equiparación Salarial.

Agregan que es necesario aplicar índices correctores para la jubilación, siendo reconocidos como profesión de riesgo, algo que ya tienen las policías autonómicas y que es necesario para dignificar la precaria situación de los agentes jubilados. También demandan la implantación de una jornada laboral que permita a los agentes conciliar, al igual que los demás funcionarios públicos.

La cláusula tercera implica destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios para el reingreso de agentes de la Guardia Civil en Segunda Actividad y Reserva al servicio activo.

Por último, aseguran que la cláusula octava busca aprobar una ley que garantice la ausencia de disfunciones salariales entre los cuerpos policiales que realizan las mismas funciones en el futuro.