En una votación sin objeciones, las Cortes de Aragón han aprobado el Decreto Ley 1/2024 de ayudas a la sequía, que busca mitigar los efectos de la sequía en el territorio. Este decreto, que cuenta con el respaldo de 38 votos a favor y 25 abstenciones, asigna siete millones de euros en ayudas directas para enfrentar los desafíos del año 2024.

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha elaborado esta norma en respuesta a los daños causados por las condiciones climáticas extremas y las dificultades en el comercio internacional. Las cuantías establecidas están en línea con el Marco Nacional Temporal de la Unión Europea, aprobado en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

La distribución de las ayudas, que se espera sean abonadas en noviembre, contempla 1,2 millones de euros para el sector ganadero y 5,8 millones para el sector agrícola en las zonas afectadas. Las ayudas varían dependiendo de diversos factores, como el tipo de explotación y la edad del beneficiario.

Desde diversos sectores políticos se han expresado opiniones divergentes sobre la eficacia y alcance de estas ayudas. Algunos señalan que son insuficientes y llegan tarde, mientras que otros ven en ellas un alivio para los agricultores y ganaderos afectados por la sequía.

El reparto de las ayudas se realizará considerando el nivel de afectación de las zonas y las necesidades específicas de cada beneficiario. Se han establecido criterios claros para determinar quiénes serán los receptores de estas ayudas, asegurando que lleguen a quienes más lo necesitan.

Para garantizar un reparto justo y eficiente, se han utilizado herramientas como el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) y el Índice de Precipitación Evapotranspiración Estandarizada (SPEI) para evaluar el impacto de la sequía en cada región. Estos índices permiten medir con precisión los efectos de la falta de lluvias en la agricultura y ganadería.