El obispo de Teruel y Albarracín, monseñor José Antonio Satué, ha respondido al informe sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica presentado por el Defensor del Pueblo. En sus declaraciones, Satué ha destacado la importancia de no ignorar el sufrimiento de las víctimas y de abordar este problema para reparar los daños causados y prevenir su repetición en el futuro.

El obispo ha valorado de manera positiva el informe del Defensor del Pueblo, destacando que ha permitido escuchar a 487 víctimas y ha revelado los devastadores efectos de los abusos sexuales, así como prácticas inaceptables dentro de la Iglesia. A su vez, ha reconocido los avances en la legislación canónica y en la forma de abordar estos abusos.

Satue ha señalado que el informe sitúa este problema en el contexto más amplio del abuso sexual a menores en la sociedad y propone iniciativas para prevenir y reparar los daños causados. Por tanto, considera que el informe merece ser considerado detenidamente.

En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, Satué ha expresado el dolor de los obispos por el daño causado y ha pedido perdón sincero. Además, ha resaltado la importancia de escuchar, creer y apoyar a las víctimas para que puedan sanar sus heridas.

En respuesta al informe, el obispo ha anunciado que se realizará una propuesta para aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo en el servicio de Protección de Menores de la Diócesis de Teruel y Albarracín.

Satue ha dejado claro que la determinación de la responsabilidad de los denunciados corresponde a los órganos y procedimientos jurídicos tanto de la sociedad como de la Iglesia. Además, ha pedido no generalizar y no librar una batalla contra todos los sacerdotes, ya que hay quienes buscan la verdad, la justicia y el bien de las víctimas.

El obispo ha querido aclarar que en el informe del Defensor del Pueblo no se menciona el número de 440,000 víctimas que algunos medios de comunicación han extrapolado del estudio demoscópico realizado. Ha enfatizado que no se debe utilizar a las víctimas como munición para luchas políticas o sociales.

En cuanto a la Diócesis de Teruel y Albarracín, el informe del Defensor del Pueblo recoge tres casos de abusos sexuales. El más antiguo se refiere a un sacerdote condenado en 1962 por tribunales eclesiásticos. Los otros dos casos, presentados por el diario 'El País', no han podido ser investigados debido a la falta de respuesta tanto de los denunciantes como del medio de comunicación.

En conclusión, el obispo Satué ha llamado a la responsabilidad de todas las personas, familias, comunidades cristianas, instituciones públicas y la sociedad en su conjunto para confrontar los abusos sexuales. Aunque reconoce que el informe puede tener errores, considera que los datos que ofrece deben ser tomados en cuenta. Ha elogiado el trabajo de quienes apoyan a las víctimas y en la prevención de los abusos sexuales.

Finalmente, ha agradecido a las víctimas su valentía y su coraje, señalando que con su lucha no solo están sanando sus heridas, sino también construyendo una sociedad y una Iglesia más seguras y saludables para todos.