En el día de hoy, el consejero de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha anunciado planes para impulsar una ley de fiscalidad diferenciada en aras de fomentar la actividad económica en las zonas rurales. Esta iniciativa fue expuesta durante una interpelación con el portavoz de CHA, José Luis Soro, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas.

En su discurso, Bermúdez de Castro detalló que esta ley contendrá medidas dirigidas a todos aquellos ciudadanos interesados en residir o establecer un negocio en determinados municipios, incluyendo a familias numerosas y empresas familiares. Asimismo, se incluirá una deducción en el transporte, ya anunciada por el Gobierno PSOE-CHA en 2016.

El consejero reafirmó el compromiso del Gobierno de reducir en medio punto el IRPF antes de que finalice la legislatura, condicionando este ajuste a la evolución económica en el próximo año 2025. En caso de no ser factible en dicho plazo, se llevará a cabo en 2026 o 2027. Cabe destacar que este año se ha reducido el IRPF en un cinco por ciento para rentas inferiores a 50.000 euros.

Otras medidas fiscales incluyen una bonificación del 99 por ciento en el grupo 2 del impuesto de Sucesiones, situando el mínimo exento en el uno por ciento para todos. Bermúdez de Castro aclaró que el Gobierno regional carece de competencia para eximir impuestos a los grupos 3 y 4.

Por su parte, José Luis Soro criticó al consejero por no haber reducido el IRPF en medio punto, como se había anunciado inicialmente, calificando la deflactación de los tramos como "insuficiente". Además, recordó las propuestas de CHA en cuanto a deducciones, como aquellas relacionadas con el pago del comedor escolar para contribuyentes con discapacidad y familias monoparentales, la adquisición y adecuación de vivienda para personas con discapacidad, la emancipación de jóvenes y la defensa jurídica en procesos laborales.

El portavoz de CHA dejó en claro que el grupo discrepa con el Gobierno PP-VOX en lo referente al impuesto de sucesiones, destacando que "muy pocas personas" lo pagan, especialmente hijos, y que quienes lo hacen en su mayoría son parientes lejanos y extraños. Asimismo, cuestionó cuánto dejará de recaudar la Administración aragonesa con el incremento del mínimo exento en el impuesto sobre el patrimonio, pasando de 400.000 a 700.000 euros.