24h Aragón.

24h Aragón.

El Gobierno de Aragón impugna la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Aragón impugna la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Aragón, bajo la presidencia de Jorge Azcón, ha tomado la decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la polémica ley de amnistía. Esta medida se llevará a cabo antes del 11 de septiembre, plazo límite para presentar el recurso, según se anunció en una rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno del curso político.

Para Azcón, esta ley representa una amenaza para la igualdad, la legalidad, el Estado de derecho y la Constitución. Aragón destaca por ser la primera autonomía en anunciar la presentación de este recurso, que se realizará de forma conjunta con el Parlamento autonómico, respaldado por informes del Consejo Consultivo y de la letrada mayor de las Cortes de Aragón.

El presidente aragonés ha destacado la importancia de defender el marco de convivencia establecido en la Constitución de 1978, frente a una ley de amnistía que atenta directamente contra estos cimientos. Considera que es una obligación política y moral para su gobierno abogar por la legalidad y el respeto a las reglas del juego.

En este sentido, Azcón ha subrayado que la declaración de amnistía se produce en un contexto marcado por el intento de un golpe de Estado, tal y como fue definido por el Tribunal Supremo. A su juicio, este tipo de actos no pueden ser perdonados, especialmente cuando parecen estar motivados por un chantaje político destinado a mantener a Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno.

Además, el Gobierno de Aragón ha establecido un grupo de trabajo interdepartamental para analizar la viabilidad de interponer el recurso de inconstitucionalidad, contando con el respaldo del Consejo Consultivo y de diversas asociaciones jurídicas que han manifestado su rechazo a la ley de amnistía.

En definitiva, la postura del Ejecutivo aragonés se enmarca en la defensa de la legalidad democrática, la participación ciudadana y el respeto a la Constitución española, principios que consideran vulnerados por la aprobación de la ley de amnistía de forma apresurada y con claros intereses partidistas.