Durante una reciente sesión en Zaragoza, el Gobierno de Aragón ha expresado su inquietud ante la inminente posibilidad de eliminar hasta 151 paradas de autobús en las rutas estatales que operan en la región. Esta situación se ha visto provocada por la aprobación en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, respaldado por una coalición de fuerzas políticas que incluye al PSOE, Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts.

La implementación de esta ley podría establecer un nuevo marco para la concesión de servicios de transporte en un periodo no superior a un año. Esta medida, de llevarse a cabo, afectaría gravemente la movilidad de más de 25.000 ciudadanos aragoneses, quienes se verían privados de la oportunidad de usar el autobús en sus localidades. Aunque el autobús continuaría pasando por estas áreas, no realizaría paradas, dejando a muchos sin acceso a este medio de transporte esencial.

El Gobierno autonómico ha manifestado en repetidas ocasiones su desacuerdo con los proyectos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Consideran que esta política constituye un ataque directo a los esfuerzos por combatir la despoblación en el medio rural. "Las medidas del Gobierno central priorizan la reducción de tiempos de viaje entre grandes ciudades, descuidando las necesidades de transporte público que deberían atender a nuestras áreas rurales," afirmó David Sánchez Fraile, director general de Transportes del Gobierno de Aragón.

Si la ley es aprobada tal como se ha presentado en el único documento público disponible hasta ahora, más de 26.500 residentes de Huesca verían la eliminación de paradas en 50 municipios, creando una situación crítica para su movilidad.

En Zaragoza, 39 localidades se verían afectadas, lo que significaría que los casi 2.500 usuarios que actualmente utilizan estos servicios tendrían que buscar alternativas. En Teruel, la situación es aún más alarmante, con la eliminación de paradas en 62 municipios, afectando a alrededor de 10.000 personas.

“Desde el Gobierno de Aragón, nos oponemos firmemente a la eliminación de cualquiera de las 151 paradas propuestas, ya que es fundamental garantizar un transporte público eficiente en el medio rural. Todas las administraciones debemos colaborar para lograrlo,” subrayó Sánchez Fraile.

El director general comparó esta situación con el mapa concesional que el Gobierno de Aragón está desarrollando en la región. En lugar de suprimir servicios, Aragón ha incrementado la cobertura, elevando la cantidad de núcleos atendidos de 900 a 1.500, mejorando la frecuencia de los servicios, modernizando la flota de vehículos para que sean más accesibles y menos contaminantes, y a la vez reduciendo tarifas.

A medida que el Gobierno de Aragón avanza en la implementación de nuevas líneas en su mapa autonómico hasta finales de año, permanecerá vigilante sobre el desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible y las repercusiones que pueda tener en el transporte público de la región.

“Dependiendo de cómo se desarrollen los eventos, nos reservamos el derecho de organizar acciones informativas y de protesta en los municipios que se vean afectados por la reducción de los servicios estatales en nuestra comunidad,” concluyó Sánchez Fraile, enfatizando el compromiso del Gobierno de Aragón con los derechos de movilidad de sus ciudadanos.