ZARAGOZA, 9 de octubre. La reciente intervención del diputado de Vox, David Arranz, ha encendido el debate en torno a la situación de los centros de acogida para menores migrantes no acompañados en Aragón. Durante una conferencia de prensa, Arranz pidió a la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, que cierre estos centros y termine los convenios con organizaciones como ACCEM, APIPACAM, CEPAIM y Cruz Roja, a las que acusa de lucrarse y de colaborar con el tráfico de personas.

En sus declaraciones, Arranz insistió en que la solución ideal sería el retorno de estos jóvenes a sus lugares de origen, donde podrían reunirse con sus familias y recibir educación en sus culturas nativas. Asimismo, planteó que, mientras se mantengan abiertos estos centros, deberían estar ubicados en áreas rurales, lejos de los núcleos urbanos, con el objetivo de minimizar la inseguridad y los conflictos de convivencia que a su juicio han surgido en las comunidades donde están situados.

El parlamentario expresó su preocupación por lo que considera una falta de control sobre los menores extranjeros no acompañados, afirmando que algunos de ellos han estado involucrándose en actividades delictivas y consumiendo sustancias ilícitas, lo que ha generado incidentes graves en las calles. Por eso, instó a que la gestión de estos centros pase a estar bajo el control directo del departamento autonómico correspondiente, en lugar de depender de ONG.

Además, Arranz propone que se reduzca la autonomía de cada centro, sugiriendo que el Gobierno elabore un decreto que norme específicamente los requisitos de funcionamiento interno y que se lleven a cabo pruebas médico-forenses para determinar la edad de los menores, en colaboración con la Fiscalía. También aboga por acuerdos con otros países para facilitar la repatriación de menores migrantes, tal como permite la legislación vigente.

El diputado acusó a la consejera Susín de eludir sus responsabilidades en este tema, lo que, según él, ha contribuido a aumentar los conflictos sociales y la criminalidad en los centros de acogida, poniendo en riesgo también a los trabajadores que allí laboran. Arranz se mostró crítico con la respuesta de Susín ante las incidencias, considerando que su idea de habilitar un sistema de alerta móvil para educadores es una solución insuficiente ante la gravedad de la situación, que incluye agresiones y disturbios frecuentes.

David Arranz también expresó que la ciudadanía aragonesa está alarmada por el aumento de la inmigración irregular y sus repercusiones en la seguridad y la calidad de vida en sus barrios. Afirmó que el Gobierno de Aragón no solo ignora las inquietudes de la población, sino que, según él, apoya la continua llegada de inmigrantes sin control, lo que, a su juicio, agrava la crisis social.

El parlamentario de Vox se quejó de la actitud de la consejera, quien, según él, no acepta bien el control parlamentario y se muestra resistente a rendir cuentas sobre la gestión del Gobierno en este asunto. En particular, mencionó el incendio del Centro de Atención a la Infancia Migrante en Torrero, que ocurrió el 20 de septiembre, y cuestionó si el responsable del fuego sigue acogido bajo la tutela del Gobierno de Aragón. Arranz concluyó insinuando que la administración continúa proporcionando recursos y beneficios a quienes causaron el daño, una situación que califica de injusta y preocupante para todos los ciudadanos.